La Justicia Federal avanza con la investigación que involucra a ex funcionarios mendocinos de ARSAT y a empresarios privados. El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó la declaración indagatoria de diez personas imputadas, entre ellas el ex titular de la empresa estatal, Facundo Leal, en un complejo entramado que pone bajo la mira contratos millonarios.

El juez federal Lino Mirabelli dispuso el levantamiento del secreto de sumario de la causa que además de Leal, quien encabezó ARSAT durante el gobierno de Alberto Fernández y con la gestión de Milei fue nombrado titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) tiene como imputados a los ex funcionarios Gerardo Boschin, Pablo Gastón Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez, además de directivos de la empresa Argentina Logistic Service (ALS). 

Los acusados están imputados por presuntos delitos de corrupción, fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.

A todos ellos alcanzó el pedido formal de indagatoria presentado por fiscal a cargo de la causa mientras los peritos analizan el material secuestrado en allanamientos realizados en Mendoza, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 Según informó Infobae, de acuerdo a lo que describe el expediente, la sospecha es que la denominada "banda de los mendocinos", integrada por Boschin, Pagani, Leal, Navarro y Alvarez, junto con otros miembros de ARSAT aún no legitimados, "se interesaron en las contrataciones que ARSAT realizó sobre el servicio de fletes, transportes, alquiler de grúa, espacio de guardado asignado a ALS"

En el primero de los hechos, el foco está puesto en los servicios ofrecidos por ALS en el predio ubicado en Ramal Tigre de la Panamericana Acceso Norte, a la altura de San Fernando, por los que Gerardo Boschin extendió al menos 14 órdenes de compra "por un valor total de USD 1.930.861,30 y $40.300.000".

La sospecha es que en esta maniobra "habrían tomado intervención los miembros de ALS Diego Padilla, Fernando Paredes, Sofia Varela Vizgarra, Gastón Padilla y el socio de hecho Santiago Pando, quienes además de beneficiarse de la contratación, participaron en todo momento mediante reuniones informales, conversaciones e intercambio de información".

Por otra parte, los expertos detectaron que los ex funcionarios imputados "investidos de la facultad de administrar, regir y gobernar el patrimonio de ARSAT, quebraron dolosamente su deber de fidelidad y custodia, disponiendo en forma abusiva de fondos públicos".

En este segundo hecho, la fiscalía cree que el contrato que benefició a ALS está "carente de necesidad real, sustentado en invitaciones ficticias, incorporación de ítems inexistentes y prestaciones incumplidas".

Sostiene que la empresa "no reunía las condiciones mínimas de seguridad para preservar bienes estratégicos del Estado, circunstancia que derivó en su deterioro y sustracción".

El tercero de los hechos se encuadra en la hipótesis de que Facundo Leal, Gerardo Boschin y Pablo Pagani "aceptaron y cobraron promesas de dádivas y beneficios económicos directos e indirectos por parte de los representantes de Argentina Logistic Service S.A. (ALS)", describe wwwww.infobae.com.

Se refieren a la supuesta entrega de "moneda extranjera, pasajes aéreos, colocaciones laborales y otros valores materiales en concepto de contraprestación por el direccionamiento fraudulento de las contrataciones del servicio de la compañía".

 Los presuntos delitos investigados corresponden al período comprendido entre diciembre del 2020 y diciembre del 2024, que coincide con el gobierno de Alberto Fernández pero la mayoría de los sospechados continuaron en sus puestos o fueron trasladados a otros cargos durante el gobierno de Javier Milei.