El partido político izquierdista Juntos por el Perú, liderado por el candidato presidencial Roberto Sánchez, inició una colecta popular de fondos con el objetivo de financiar la anulación de 1.700 mesas de votación tras denunciar presuntas irregularidades que beneficiarían a su rival de derecha, Keiko Fujimori. 

La drástica medida se anunció en el tramo final de un escrutinio extremadamente ajustado. Con el 98,397% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la heredera política del expresidente Alberto Fujimori lidera la contienda con el 50,024% de los sufragios, frente al 49,976% que obtiene el postulante de la izquierda.

La estrategia legal del espacio de Sánchez se materializó mediante la presentación de recursos para invalidar un total de 1.751 mesas de sufragio distribuidas en Lima y en las regiones norteñas de Lambayeque, Amazonas y Áncash. Los apoderados de la fuerza argumentaron que en esos centros de votación se detectaron maniobras fraudulentas destinadas a torcer la voluntad de las urnas en favor de Fuerza Popular, la estructura partidaria de Fujimori. 

De acuerdo con el texto de la presentación judicial, el partido de izquierda identificó la existencia de "indicios graves, concordantes y sistemáticos" junto con patrones repetitivos de votación en los distritos señalados.

La viabilidad de los reclamos jurídicos chocó contra una estricta barrera arancelaria impuesta por la normativa peruana, dado que cada pedido de nulidad individual exige un desembolso obligatorio de 1.375 soles, equivalentes a 404 dólares. Debido a este requerimiento, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó la solicitud de Juntos por el Perú al constatar que la agrupación no había completado el pago global de las tasas, el cual asciende a 2,4 millones de soles, unos 705.000 dólares. Ante este revés administrativo, la cúpula partidaria recurrió de urgencia al financiamiento comunitario a través de las redes sociales para cubrir el millonario costo del proceso.

La conducción de la fuerza de izquierda exhortó a su militancia a comprometerse con el sostenimiento de la disputa legal y advirtió sobre posibles estafas virtuales con canales de recaudación paralelos.