La situación en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo ya dejó de ser solamente grave. Empieza a tener rasgos tragicómicos. Después de haber avanzado contra la lista opositora encabezada por Marcelo Pieralisi, el oficialismo facultativo parece haber cambiado de objetivo: si no puede garantizarse una victoria limpia en las urnas, al menos intenta dejarle al eventual sucesor una facultad sin gobernabilidad.

La maniobra que empieza a quedar expuesta es burda. Ante una derrota que el sector de Miguel González Gaviola ve cada vez más posible, la estrategia ahora sería bajar listas de consejeros directivos docentes vinculadas a la oposición. No se trata ya solo de impedir una candidatura a decano. Se trata de condicionar la composición del Consejo Directivo, es decir, el órgano que define buena parte de la vida institucional de la facultad. En otras palabras: si el oficialismo pierde el decanato, buscaría asegurarse de que quien gane no pueda gobernar.

Mientras los apoderados de la lista de Marcelo Pieralisi pelean la oficialización ante la Junta Electoral General de la universidad, dejando al descubierto los papelones jurídicos y electorales de la Junta Electoral Particular de la facultad, el oficialismo volvió a mover sus piezas. Esta vez, el intento apunta contra el último subclaustro docente que todavía mantiene representación dentro del armado opositor: los docentes auxiliares, conocidos en la vida universitaria como JTP.

El protagonista de la nueva ofensiva es Pablo Antolín, apoderado de la lista oficialista y actual secretario de Extensión de la facultad. Antolín habría planteado una impugnación contra la lista opositora de docentes auxiliares bajo el argumento de que tendría demasiados suplentes. El problema es que esa lista ya había sido oficializada por la propia Junta Electoral Particular el día anterior. Es decir: el mismo organismo que la dio por válida ahora aparece habilitando o receptando una nueva discusión sobre requisitos que ya deberían estar cerrados.

El argumento jurídico, además, roza el absurdo. Según el estatuto y el manual de procedimiento electoral, puede haber hasta tres suplentes por cada candidato titular. La lista opositora cumpliría con ese requisito. Sin embargo, el oficialismo insiste en revisar lo que ya fue revisado, observar lo que ya fue aceptado y tensionar el proceso hasta el límite. En una elección seria, esto sería una anomalía. En Ciencias Económicas, empieza a convertirse en método.

El temor político parece más fuerte que el respeto institucional. La posibilidad de que Marcelo Pieralisi llegue al decanato con respaldo estudiantil y acompañamiento de sectores docentes encendió todas las alarmas del oficialismo. La respuesta no fue discutir proyectos, defender una gestión o someterse al voto de la comunidad académica. La respuesta fue buscar salidas reglamentarias, impugnaciones sucesivas y obstáculos de último momento.

En ese clima, la Junta Electoral Particular quedó cada vez más expuesta. Y la primera señal de descomposición interna llegó con la renuncia de Mónica González, vicepresidenta de la Junta y actual directora de carrera dentro de la gestión de González Gaviola. Luego de los hechos de proscripción contra la lista docente opositora, González decidió apartarse. Su salida no puede leerse como un detalle administrativo. Es una señal política.

La ex administradora de la Suprema Corte provincial parece haber entendido antes que otros el tamaño del conflicto. Si la oposición escala la pelea ante la Justicia Federal Electoral, el caso podría derivar en una suspensión del proceso electoral, no solo en Ciencias Económicas, sino potencialmente en toda la universidad. Aunque el conflicto se concentre en una unidad académica, se trata de una de las facultades más importantes de la UNCuyo y de un proceso integrado al calendario electoral general previsto para el 9 de junio.

Ese escenario sería un escándalo institucional de alcance nacional. Mientras el sector político de la rectora Esther Sánchez encabeza discursos públicos en defensa de la universidad, acompaña la marcha universitaria y promueve el debate sobre financiamiento universitario, dentro de su propia casa de estudios se acumulan denuncias por proscripción, arbitrariedad electoral y manipulación reglamentaria.

La contradicción es demasiado grande para pasar inadvertida. Los mismos sectores que se reivindican herederos de la Reforma Universitaria, del pluralismo y de la democracia académica aparecen ahora asociados a prácticas que restringen la competencia electoral. En nombre del reformismo, terminan empujando una elección sin verdadera disputa. En nombre de la institucionalidad, fuerzan interpretaciones que parecen diseñadas para expulsar a la oposición del tablero.

La lista de Pieralisi no es una aventura aislada. Fue promovida por sectores estudiantiles que, pese a sus diferencias históricas, encontraron un punto común en la necesidad de terminar con el ciclo de González Gaviola. Franja Morada y UPAU, que venían de empatar 50 a 50 en las últimas elecciones institucionales, confluyeron detrás de una alternativa opositora. Ese dato explica buena parte del nerviosismo oficialista: no están frente a una candidatura testimonial, sino frente a una opción real de poder.

La responsabilidad institucional tampoco se agota en Mónica González, aunque su renuncia sea el primer reconocimiento implícito de que algo se rompió. Quedan bajo la lupa Mercedes Fernández Fraire, representante de egresados en la Junta Electoral y vicepresidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, y Ernesto Bustelo, presidente de la Junta Electoral Particular, profesor titular de Derecho Público y figura central de una escalada que ya puede terminar judicializada.

Fraire aparece señalada por la oposición como una de las integrantes más alineadas con el cierre político del proceso. Su rol es especialmente sensible por su vínculo con el Consejo Profesional y por la influencia que distintos sectores le atribuyen en la relación entre la facultad, los egresados y espacios corporativos externos. En paralelo, también se menciona el interés político de sectores vinculados a Julián Shadoschi, actual diputado provincial de la UCR, y ex presidente del CNCE (Consejo profesional de ciencias económicas)en sostener presencia e influencia dentro de la unidad académica.

Pero el caso más delicado es el de Bustelo. Como presidente de la Junta Electoral y profesor de Derecho Público, su responsabilidad es mayor. No se le puede exigir menos conocimiento del derecho, de las garantías electorales ni del deber de imparcialidad. Cuando una Junta toma decisiones que terminan restringiendo derechos políticos, el problema no es solamente procedimental. Es ético, institucional y jurídico.

Por eso, desde la oposición ya se analiza llevar el conflicto no solo ante la Junta Electoral General de la UNCuyo, sino también ante la Justicia Federal y eventualmente ante organismos de ética profesional. El planteo es claro: si hubo una actuación arbitraria, restrictiva y funcional al oficialismo, deberán responder quienes participaron en esas decisiones.

Lo que ocurre en Ciencias Económicas ya no puede presentarse como una interna más. Es una crisis institucional abierta. Una facultad que debería discutir proyectos académicos, modernización, vínculo con el sector productivo y calidad de gestión está atrapada en una cadena de impugnaciones, renuncias, acusaciones cruzadas y maniobras de supervivencia política.

González Gaviola, ante el final de su ciclo, parece dispuesto a dejar una facultad incendiada antes que permitir una transición democrática ordenada. Su oficialismo, lejos de mostrar fortaleza, exhibe miedo. Y cuando una conducción teme tanto a las urnas que necesita impedir listas, bajar candidatos o condicionar consejeros, el problema ya no es la oposición. El problema es la propia gestión.

La democracia universitaria no se destruye de un día para el otro. Se degrada paso a paso: primero con interpretaciones forzadas, después con requisitos fuera de plazo, luego con impugnaciones selectivas y finalmente con elecciones vaciadas de competencia real. Ciencias Económicas está caminando peligrosamente por esa cornisa.

El oficialismo todavía puede retroceder. La Junta Electoral General todavía puede corregir el daño. La universidad todavía puede evitar que el proceso termine en la Justicia Federal y en un escándalo que manche a toda la UNCuyo. Pero para eso hace falta algo que hasta ahora escaseó: respeto por las reglas, coraje para competir y una mínima noción de decencia institucional.