La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal puso contra las cuerdas al Gobierno nacional, luego de disponer que el Ejecutivo debe aplicar de manera “inmediata” la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), la cual fue aprobada en 2025 en el Congreso de la Nación.

Finalmente, la apelación efectuada por el Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia, la cual hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría .

Además, desestimó los argumentos a los que recurrió el Gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y los tildó de “poco serios”.

Por otra parte, también exigió la recomposición salarial docente y no docente, desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley; y resolvió que el Ejecutivo ponga en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

En febrero, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a la aplicación de la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, tras un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Esta resolución se conoció después del reclamo conjunto del CIN y diversas universidades públicas ante el desfinanciamiento del sector, y tras tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, por la recomposición salarial.