El Gobierno Nacional volverá a aplicar en enero ajustes parciales de los aumentos pendientes en los impuestos a los Combustibles, con el propósito de atenuar su impacto en los precios de las naftas y el gasoil y en la inflación general.

La decisión oficial se plasmó en el decreto 929/2025, publicado en el Boletín Oficial, en el que se revé lo establecido en el decreto 840 del 27 de noviembre, que adelantó que los hechos imponibles se comenzarían a “perfeccionar” desde el 1° de enero, lo que hubiera implicado que a partir de esta medianoche se aplicaría la totalidad de los aumentos postergados.

La medida dejaba abierta la posibilidad de hacer ese ajuste de manera escalonada al habilitarlo “desde” el 1° de enero, aunque la ley de Presupuesto no deja demasiado margen para más postergaciones, ya que contempla un incremento en la recaudación de los impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) del 50,6% en términos reales, es decir por arriba de la inflación.

Un aumento de esa magnitud sólo puede lograrse con un incremento desmedido de las ventas de naftas y gasoil -altamente improbable si se espera una suba del PBI del 5%- o bien con la aplicación de los ajustes pendientes, tal como se estableció en el decreto de noviembre.

Los aumentos de enero

El aumento en el caso de las naftas, tanto la sin plomo de hasta y más de 92 RON como la nafta virgen, será de $17,291 por litro en concepto de ICL y de $1,059  por el IDC.

Para el gasoil, el incremento alcanza los $14,390 por ICL y a $1,640 por IDC, con un adicional diferencial de $7,792 para las zonas alcanzadas por el régimen patagónico.

El impacto en los precios de venta será variable, al tratarse de sumas fijas aplicadas a valores diferentes según el producto, la marca y la localización geográfica.

Pero además, hay otros tres factores que inciden en ese precio, como la cotización del barril de petróleo Brent (en baja a lo largo de diciembre), la paridad cambiaria y los ajuste en los precios mínimos de adquisición de los biocombustibles.

Asimismo, desde mayo las compañías ya no están obligadas a informar con anticipación las variaciones de los precios y en el caso de YPF comenzó en 2025 a aplicar la política de micropricing, con cambios en función de la demanda horaria.