El Gobierno sigue ordenando los diversos resortes de la administración pública para ser coherente con su política de Estado y su relato favorable a la minería y a las industrias extractivas “modernas y eficiente”. A través de la reciente oficialización de una nueva estructura dentro del Ministerio de Energía y Ambiente, busca así eliminar la burocracia endémica y fortalecer el control técnico sobre los recursos naturales de Mendoza

Esta reorganización no parece ser un hecho aislado, sino una respuesta institucional a la creciente demanda de minerales críticos para la transición energética. A propósito, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, presentó ante la Legislatura un presupuesto enfocado en la trazabilidad y la transparencia, pilares que hoy sostienen la narrativa oficial ante el mundo.

El nuevo esquema de funcionamiento se concentra en la creación de una “superdirección” de Gestión y Fiscalización Ambiental, que reemplaza a la antigua Dirección de Protección Ambiental (DPA). Este cambio estructural permite una especialización por áreas, “garantizando que el desarrollo de la minería cuente con un monitoreo técnico específico y riguroso”.

Nuevo organigrama de control y gestión

La estructura aprobada bajo el ala de la cartera de Energía y Ambiente se divide en coordinaciones estratégicas que permiten un abordaje integral del territorio. Este es el detalle:

Coordinación de industrias extractivas: Cuenta con áreas exclusivas para el control de la minería y los hidrocarburos, permitiendo una fiscalización profesionalizada según el tipo de actividad. Coordinación de residuos y economía circular: Encargada del seguimiento de residuos sólidos urbanos, industriales y especiales, bajo un modelo de sostenibilidad ambiental. Coordinación de vinculación, innovación y desarrollo: Enfocada en la educación ambiental y la modernización de los procesos administrativos mediante herramientas digitales. Cuerpo de inspectores renovado: Se ha dotado a la dirección de tecnología de punta para auditorías en tiempo real y sistemas de seguimiento satelital.

La ministra Jimena Latorre visitó Nueva York.

Este reordenamiento interno fue la carta de presentación de Mendoza en los principales foros económicos del mundo durante el primer trimestre de 2026. La delegación oficial, encabezada por la vicegobernadora Hebe Casado y la ministra Latorre, llevó este modelo de “institucionalidad y reglas claras” a la feria PDAC en Toronto, Canadá.

En la convención minera más importante del globo, la provincia expuso su hoja de ruta ante inversores internacionales. Los datos oficiales respaldan el interés: Mendoza cuenta actualmente con más de 65 proyectos de exploración con Declaración de Impacto Ambiental aprobada y otros 70 en proceso de evaluación, con el foco puesto principalmente en el cobre.

Tras el paso por Canadá, la misión continuó en la Argentina Week en Nueva York. Allí, el gobernador Alfredo Cornejo participó en la apertura del Nasdaq y mantuvo reuniones en el Council of the Americas para posicionar el potencial de la minería mendocina como un motor de divisas y empleo genuino.

La minería en Wall Street

La estrategia en Wall Street fue clara: vincular los recursos minerales de la provincia con el ecosistema financiero y tecnológico global. Empresas del sector energético y fondos de inversión analizaron las oportunidades que ofrece el distrito Malargüe Occidental, donde la provincia aplica su nuevo modelo de gestión territorial.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente han destacado que la nueva estructura permitirá dar una respuesta ágil a los inversores sin resignar la protección del recurso hídrico. La transición hacia procesos digitales busca que cada etapa de un proyecto de minería sea auditable por la ciudadanía, reforzando la licencia social a través de la transparencia.

Con este nuevo esquema, Mendoza deja atrás tres décadas de una estructura administrativa estática para adoptar un modelo dinámico, dicen en la Casa de Gobierno. La apuesta oficial es convertir la riqueza geológica en una realidad productiva que se ajuste a los estándares internacionales de sostenibilidad y competitividad que exige el mercado actual.