El presidente Javier Milei oficializó este lunes, a través del Boletín Oficial, el veto total a tres leyes aprobadas por el Congreso antes del receso invernal: el aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Las medidas, que contaban con amplio respaldo legislativo, fueron rechazadas por el Ejecutivo con el argumento de que implican un impacto fiscal cercano a 2,5 puntos del PBI.

La decisión reavivó tensiones políticas, no solo con el Congreso, sino también al interior del PRO, el principal socio parlamentario de La Libertad Avanza. Aunque sus 35 diputados respaldaron los vetos en 2024, esta vez el apoyo no estaría garantizado. Referentes del ala larretista, como Álvaro González y Héctor Baldassi, ya expresaron su desacuerdo.

En ese contexto, Mauricio Macri convocó una reunión virtual para ordenar posiciones. Sin embargo, el gesto fue cuestionado por sectores del propio PRO: la convocatoria excluyó a referentes cercanos a Patricia Bullrich y contaría con solo 18 de los 35 legisladores. La fractura interna se profundiza justo cuando el partido intenta definir si avanzará con un acuerdo con Milei en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, la postura del PRO se complica con los gobernadores propios, Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes respaldarían los vetos presidenciales, pero exigen que el Ejecutivo cumpla con la distribución de fondos clave como los ATN y el Impuesto a los Combustibles. Ambas iniciativas tienen media sanción del Senado y podrían trabarse en Diputados si la Casa Rosada decide vetarlas también.

Por si fuera poco, cuatro de los seis gobernadores que impulsan un nuevo frente federal electoral salieron a mostrar músculo político en redes sociales, marcando distancia de la estrategia presidencial. Aunque Torres participa de este armado, Frigerio aún negocia por su cuenta una alianza con Milei en Entre Ríos.