A través del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo de Mercedes Rus, el Gobierno de Mendoza formalizó la implementación de un nuevo “Protocolo para la Intervención Preventiva Administrativa sobre Inmuebles”

Se trata de una medida que otorga facultades excepcionales a la cartera de Seguridad para actuar sobre propiedades privadas que puedan llegar a representar un peligro para la comunidad. 

Según se desprende de la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial de Mendoza, la iniciativa surge tras detectar una proliferación de edificios abandonados, vacantes o usurpados que escaparon al control de sus propietarios y funcionan actualmente como “aguantaderos” o bases operativas para actividades ilícitas. 

Según los fundamentos, la falta de mantenimiento y custodia de estos bienes genera condiciones de ocultamiento que facilitan la delincuencia y aumentan el riesgo de victimización para los vecinos. 

Entre las acciones concretas que las autoridades podrán ejecutar se encuentran el tapeo de accesos, demoliciones parciales y otras medidas de resguardo físico del lugar, aclarando que estas intervenciones no afectan la titularidad registral de los inmuebles, es decir, no implican una expropiación del bien. 

Para llevar adelante estas tareas, el Ministerio de Seguridad articulará esfuerzos con las Policías Distritales y los distintos municipios de la provincia, invitando a estos últimos a firmar convenios de cooperación.