La diputada nacional de La Libertad Avanza por Mendoza, Mercedes Llano, presentó un proyecto de ley que buscó modificar la Ley de Educación Superior con el fin de facilitar el acceso a la información pública.

La propuesta tuvo como objetivo central asegurar la rendición de cuentas de los recursos que administraron las universidades nacionales en todo el país ya que, con esta medida, la legisladora intenta garantizar una mayor transparencia financiera y fortalecer el control sobre el presupuesto destinado al sector educativo.

En los fundamentos de la iniciativa, Llano sostuvo que la educación superior representa un servicio estratégico de interés público sostenido mayoritariamente por el Estado. La legisladora mendocina afirmó que la actividad universitaria debe realizarse en armonía con los principios republicanos de publicidad de los actos de gobierno. Según su visión, fue imperativo evitar que la autarquía institucional se tradujera en una falta de claridad, señalando que “sin mecanismos de responsabilización, la autonomía degenera en opacidad”.

Es por ello que el proyecto establece la obligatoriedad para las universidades de mantener una publicación permanente, completa y accesible de su información institucional y administrativa. Entre los datos sensibles que las instituciones deben difundir figuran las nóminas salariales de docentes y personal no docente, así como las declaraciones juradas de sus directivos. Asimismo, se exigió el detalle del presupuesto vigente, las transferencias de fondos, las licitaciones públicas y los convenios firmados por cada entidad.

Más allá de lo estrictamente económico, la iniciativa legal apuntó a que la ciudadanía pudiera evaluar el desempeño académico y la calidad de la oferta educativa. Por este motivo, el texto incluye la exigencia de publicar estadísticas detalladas por facultades, como el número de egresados y el gasto invertido por cada estudiante. También se pidió dar visibilidad a la proporción de docentes que ingresaron a sus cargos mediante concursos públicos para asegurar la idoneidad profesional.

Finalmente, en caso de aprobarse la modificación de la ley, las instituciones educativas también deberán facilitar el acceso a los resultados de sus investigaciones, incluyendo patentes obtenidas, derechos de autor y publicaciones en revistas científicas indexadas.