Mendoza reafirmó su posición institucional al mantenerse dentro del grupo de las seis provincias argentinas que no cuentan con la figura del Defensor del Pueblo en sus estructuras gubernamentales. Así lo estableció un relevamiento detallado que elaboró el Observatorio del Control Público de la Fundación Éforo, el cual analizó la situación institucional de 25 jurisdicciones del país. 

De acuerdo con el documento, la provincia compartió esta particularidad con Salta, Misiones, Entre Ríos, Santa Cruz y La Pampa, territorios donde este engranaje de control y mediación ciudadana directamente no existe.

La ausencia de esta oficina en la provincia forma parte de un fenómeno de desfinanciamiento y vacancia institucional que afectó de manera directa el acceso a mecanismos de defensa para los habitantes del interior. Es que el estudio reveló que la falta de partidas presupuestarias identificables en varias regiones del territorio nacional dejó a más de 12 millones de argentinos sin el resguardo de este esquema específico de auditoría.

 Mientras Mendoza no contempla esta figura en su organigrama, el resto de las jurisdicciones que sí la poseen exhibieron marcadas asimetrías y disparidades en sus niveles de funcionamiento técnico y digital.

La concentración de los recursos económicos destinados a la asistencia de los derechos ciudadanos se centralizó de forma casi exclusiva en el puerto y la zona central del país. 

En esta línea, el informe arrojó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires aglutinaron de manera conjunta cerca del 91% del total de los fondos subnacionales que se reservaron para las defensorías activas. Esta marcada centralización profundizó la brecha de control público con el interior de la Argentina, restando herramientas para equilibrar el ejercicio del poder político y económico frente a la sociedad civil.

Frente a este panorama de desigualdad y la baja asignación de partidas a nivel general, la directora del Observatorio del Control Público, Carla Pitiot, cuestionó el verdadero compromiso de la dirigencia con la preservación de estas garantías y analizó la situación financiera del sector y afirmó con dureza ante la Agencia Noticias Argentinas: "Si el discurso es defender a la gente, que se vea en el presupuesto: sin recursos no hay defensa posible de los derechos". 

Pitiot precisó que incluso distritos con arcas acotadas como Chaco y Córdoba destinaron un 50% más de inversión por ciudadano que la propia administración nacional.

Finalmente, el trabajo de investigación evidenció una parálisis legislativa a nivel federal, ya que el Congreso de la Nación no logró designar a un Defensor del Pueblo titular desde hace 17 años.