Mario García

Como se sabe, Marcelo Araya, conocido como “Gato”, es un narcotraficante y homicida condenado que actualmente cumple su sentencia en la cárcel provincial de Almafuerte, ubicada en Luján de Cuyo.

A pesar de su perfil delictivo y su historial de actividades ilícitas, debería estar recluido en un penal Federal, dadas las características de los crímenes cometidos y su influencia como jefe de una banda criminal.

Hace unos días, el área de Inteligencia del Servicio Penitenciario detectó que Araya continúa liderando actividades delictivas desde el interior del penal.

Araya ostenta el título de “pluma” —término carcelario que identifica a los líderes de pabellones— en los módulos 3.1 y 3.3 de la prisión. Su influencia se extiende más allá de los muros del penal, operando bandas en barrios como La Gloria, El Fachi y Santa Teresita.

Según fuentes consultadas por Diario Mendoza Today, Araya organiza la distribución de armas y droga dentro y fuera de la cárcel. En un esquema particularmente preocupante: se señala que a las familias que habitan los pabellones bajo su control les entrega hasta dos kilos de marihuana para su venta, garantizando así su permanencia en esas áreas del penal.

Además, Araya ha logrado mantener un dominio notable sobre el entorno carcelario. Dentro de los pabellones que lidera, se han encontrado equipamientos de alto costo y uso cuestionable, como equipos de sonido de gran potencia, una cocina industrial que funciona como rotisería, y herramientas diversas como caladoras, martillos y máquinas para cortar césped.

También cuenta con una máquina multifuncional y un taller de producción que parece operar como una microeconomía dentro del penal.  

En octubre pasado, una requisa en Almafuerte confiscó 20 balas de calibre 9 mm en los pabellones controlados por Araya. Sin embargo, el control del líder narco sobre el penal parece mantenerse intacto. Funcionarios penitenciarios acceden a colaborar o tolerar sus acciones, presuntamente por temor o conveniencia.  

El caso de Araya refleja una preocupante problemática en las cárceles provinciales: la falta de control efectivo sobre líderes criminales que no solo continúan sus actividades ilegales desde prisión, sino que amplían su poder e influencia, generando un impacto directo en la seguridad de los barrios más vulnerables de Mendoza.