El gobierno nacional logró un avance significativo en la atracción de capital extranjero al aprobar la adhesión de proyectos energéticos y mineros al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Hasta el momento, se ha dado el visto bueno a iniciativas que suman un total de US$13.067 millones, lo que representa casi el 40% de los US$33.876 millones que fueron presentados. Esta primera ola de proyectos aprobados, de los cuales ya se aprobaron 35% de los presentados, se estima que generará alrededor de 1.000 empleos directos, impulsando sectores clave de la economía.

A pesar de este éxito inicial, el proceso de inversión se enfrenta a un obstáculo crucial: el déficit de infraestructura en Argentina que es especialmente crítica para los sectores de petróleo, gas y minería, donde la logística y el transporte son vitales.

Este condicionante sugiere que la cifra de inversiones aprobadas podría haber sido sustancialmente mayor si el país contara con una infraestructura más robusta y adecuada para las necesidades de estos megaproyectos.

La magnitud del interés por el RIGI es evidente en la lista de proyectos “aspiracionales”, que incluye al menos 40 iniciativas en exploración inicial o avanzada, sin embargo, los tiempos requeridos para que estos proyectos logren una proyección de viabilidad económica clara (definiendo el tipo de extracción y la inversión necesaria) son extensos.

Por esta razón, existe la preocupación de que una parte importante de estas inversiones ambiciosas puedan quedar fuera del régimen, incluso si este se extendiera más allá del año 2027.