Christian Sanz

Al juez federal de Mendoza Walter Bento lo llamaban “el gran jefe”, “el número uno” o “el gran gran”. Así lo describían, según la Justicia, quienes integraban junto a él una organización dedicada al cobro de coimas a cambio de favores judiciales para personas imputadas o detenidas. Para los investigadores, Bento no solo formaba parte de ese entramado: era su líder.

Esa es la conclusión a la que llegó el tribunal que lo condenó esta misma semana. Pero ya había hecho lo propio el juez federal Eduardo Puigdéngolas, quien llevó adelante la investigación contra su colega y en julio de 2022 lo procesó por diversos delitos, además de dictarle la prisión preventiva.

La causa se originó en septiembre de 2020, cuando la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de Mendoza remitió un informe a la Justicia. En el marco de una investigación por narcotráfico, se habían detectado intercambios de mensajes de WhatsApp entre uno de los acusados, Walter Bardinella Donoso, y el abogado Luciano Ortego. A partir de ese hallazgo se abrió un nuevo expediente, impulsado por el fiscal Dante Vega, que con el avance de las pesquisas terminó apuntando al propio Bento.

En su resolución, Puigdéngolas fue contundente: “Atento a su función y al cargo ocupado, su rol se presenta como insustituible e imprescindible, por cuanto el beneficio procesal que se otorgaría a cambio de dinero (u otros bienes) dependía de su voluntad y ejecución”.

Walter Bento supo ser titular del Juzgado Federal N.º 1 de Mendoza, con competencia en causas de crimen organizado como narcotráfico, contrabando y secuestros. Además de ejercer como juez electoral, lo que oportunamente lo colocó al frente de la organización y fiscalización de las elecciones nacionales en la provincia, un rol de fuerte peso institucional y político.

Según la investigación, el magistrado no actuaba solo. A partir de testimonios y escuchas telefónicas, la Justicia reconstruyó el funcionamiento interno de la presunta asociación ilícita. Uno de los engranajes clave era Diego Aliaga —ya fallecido—, informante de la Policía de Mendoza, quien oficiaba de intermediario entre el juez y los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba. Estos últimos tomaban causas que tramitaban en el juzgado de Bento y se encargaban de acercar a los imputados las propuestas económicas a cambio de resoluciones favorables.

La acusación detalla que, una vez definida la maniobra, los abogados Alba y Ortego la ejecutaban de dos formas: en algunos casos asumían directamente la defensa de los imputados que buscaban acceder al beneficio ilegal; en otros, recurrían a abogados terceros —Leopoldo Martín Ríos y Alejandro Matías Aramayo—, quienes actuaban siguiendo instrucciones precisas sobre el momento y la estrategia a desplegar.

Este esquema fue identificado en al menos ocho expedientes judiciales. Para Puigdéngolas, Bento era la pieza central del mecanismo: “En ejercicio de su función era el único que podía analizar, decidir, diagramar, coordinar y ejecutar el acuerdo ilícito y su correlativo beneficio judicial, valiéndose luego del aporte de los restantes miembros para su materialización”. El magistrado agregó que el hecho de que no se haya probado la entrega directa de dinero al propio Bento no impide atribuirle responsabilidad penal.

Todo ello permite entender el fallo que se conoció esta semana, que condenó a Bento a purgar prisión por 18 años. También a su esposa y su hijo. Con el consiguiente embargo millonario.

El otrora juez mendocino mastica bronca, al tiempo que promete venganza. Estaba seguro de que puntuales políticos, de alcance provincial y nacional, correrían en su auxilio. Básicamente porque él les hizo inconfesables favores judiciales en el pasado. Pero nada de ello ocurrió. Nadie salió en su ayuda, ni mucho menos.

Sin embargo, hay pruebas concluyentes de aquellos pedidos de favores. La mayoría de ellos en forma de mensajes de Whatsapp. Cuyas copias Bento conserva bajo siete llaves.

Ello, como publicó Diario Mendoza Today, ha disparado los predecibles temores dentro de las filas de la política local. Sobre todo porque se acercan las elecciones de 2027, donde hay mucho en juego.

La oposición aún se muestra disgregada y desorientada, pero todo puede acomodarse de un momento a otro. Los ejemplos sobran. Baste recordar la campaña de 2007, donde Celso Jaque sorprendió a propios y ajenos, y terminó dando un inesperado batacazo que lo llevó a la gobernación provincial.

Entretanto, en las filas del oficialismo los posibles candidatos se miran con desconfianza. Ulpiano Suarez y Tadeo García Zalazar se sienten los sucesores naturales de Alfredo Cornejo. Por su parte, Luis Petri juega su propio juego, que depende sobremanera de la suerte que corra Javier Milei.

Hay un cuarto jugador, por ahora tapado: Rodolfo Suarez. Él no lo confirma ni lo desmiente, sólo se ríe cuando le plantean la posibilidad. No obstante, en unos meses confirmará su candidatura y dejará a todos sin palabras.