Ley de Glaciares: se vienen la audiencia pública y el debate en Diputados; ¿qué puede pasar?
Los próximos días, el escenario legislativo nacional entrará en otro punto de ebullición ante el inminente tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados de la Nación. Este proyecto oficial busca introducir cambios estructurales en el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente …
Los próximos días, el escenario legislativo nacional entrará en otro punto de ebullición ante el inminente tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados de la Nación. Este proyecto oficial busca introducir cambios estructurales en el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, centrando la protección únicamente en aquellos cuerpos de hielo que cumplan funciones hídricas “relevantes” y posean una dimensión considerable.
La propuesta, que el pasado 26 de febrero recibió la media sanción del Senado, pretende redefinir el inventario nacional para distinguir entre glaciares y geoformas periglaciales, permitiendo así la actividad extractiva en zonas que hoy se consideran áreas críticas de reserva de agua dulce.
Según ha publicado el diario digital “La Opinión Austral”, el oficialismo ha defendido esta medida como una herramienta necesaria para que Argentina ingrese definitivamente en el cambio energético global, sosteniendo que la normativa vigente ha funcionado más como una herramienta de parálisis que de protección real.
En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo y su equipo de gestión han manifestado un apoyo contundente a la modificación normativa. Para el Ejecutivo mendocino, la reforma otorga la seguridad jurídica indispensable para atraer a empresas internacionales interesadas en invertir en la minería metalífera, un sector que Cornejo considera el “tercer motor” de la economía argentina junto al agro y los hidrocarburos.
El mandatario provincial ha señalado que la ley actual, tras 15 años de ejecución, ha impedido el desarrollo de proyectos debido a ambigüedades en la interpretación del ambiente periglaciar. En este contexto, la provincia busca posicionarse como un polo de minería sostenible, argumentando que los cambios permitirán aprovechar recursos estratégicos como el cobre y el litio sin comprometer el recurso hídrico, devolviendo a las jurisdicciones locales la competencia sobre sus propios recursos naturales.
Ley de Glaciares e inversiones
El debate no se limita a los despachos oficiales y también moviliza a parte de la ciudadanía. En tal sentido, se aproxima la realización de una audiencia pública (está prevista para el próximo miércoles 26 jueves 25 de marzo), un mecanismo de participación que busca otorgar “licencia social” al proyecto antes de su votación definitiva en el recinto.
Con más de 70.000 inscriptos de todo el país, esta instancia se presenta como un campo de batalla simbólico donde organizaciones ambientales, científicos y ciudadanos expondrán sus argumentos. La audiencia tiene como objetivo garantizar la transparencia y la publicidad del debate, aunque ya existen controversias por la decisión de Diputados de restringir las ponencias presenciales y virtuales a los primeros anotados de cada provincia, lo que ha motivado incluso la presentación de recursos de amparo judiciales por considerar que se limita la participación efectiva.
La media sanción obtenida en el Senado de la Nación el pasado 26 de febrero dejó un mapa político fragmentado. El proyecto fue aprobado con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, logrando el oficialismo el respaldo de bloques aliados y de senadores del PJ pertenecientes a provincias mineras.
En el caso de Mendoza, los senadores Mariana Juri y Rodolfo Suárez votaron de manera afirmativa, mostrando una alineación total con la estrategia de la Casa Rosada y con Cornejo. Por el contrario, la senadora Anabel Fernández Sagasti se manifestó en contra de la reforma de la Ley de Glaciares, denunciando que cualquier modificación que implique un retroceso en los estándares de protección ambiental “es ilegal y atenta contra el futuro de las reservas estratégicas de agua de la región”.
Ley de Glaciares, la ciencia y la política
En la Cámara de Diputados, el panorama se presenta incierto y con una paridad que obliga a rastrear cada voto. En reserva pero no en secreto, semanas pasadas el diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, visitó Mendoza para reunirse durante cinco horas con científicos e investigadores del IANIGLIA.
En diálogo con Mendoza Today, Ferraro calificó la reforma de la Ley de Glaciares como “regresiva” y advirtió que delegar el relevo de glaciares en manos de gobiernos locales —sujetos a presiones políticas y económicas— es un error estratégico.
Según los datos aportados por el legislador, la ley vigente no ha sido un obstáculo para el desarrollo: mientras que entre 2001 y 2009 hubo inversiones mineras por 12.000 millones de dólares, desde la sanción de la ley en 2015 hasta la fecha, las inversiones alcanzaron los 45.000 millones de dólares. Ferraro sostiene que la normativa actual acompaña el desarrollo con mecanismos de control necesarios y que su modificación viola el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Las opiniones de otros diputados nacionales por Mendoza reflejan la misma polarización que en el Senado. Mientras los representantes alineados con el oficialismo provincial insisten en que la reforma es una oportunidad histórica para Malargüe y el resto de la cordillera, sectores de la oposición y especialistas advierten que el ambiente periglacial es un ecosistema indivisible que no debe ser sacrificado.
El destino de la Ley de Glaciares en la Cámara Baja dependerá de la capacidad de los bloques para negociar puntos intermedios. Lo que está en juego no es solo un marco legal para la minería, sino la preservación de las reservas hídricas que abastecen a las economías regionales y garantizan la vida en las zonas áridas de la Argentina.