Mendoza atraviesa una crisis vitivinícola justo en las vísperas de una nueva Fiesta Nacional de la Vendimia y se evidencia que el clima en los oasis productivos está lejos de ser festivo, marcado por una brecha de rentabilidad que amenaza a los pequeños viñateros. 

Mientras el gobernador Alfredo Cornejo intenta proyectar una imagen de vanguardia internacional, su discurso desde Europa buscó calmar las aguas al afirmar que “Mendoza debe salir al mundo con agresividad comercial porque el mercado interno ya no alcanza para sostener a nuestros productores”. 

Sin embargo, en territorio mendocino la presión se siente sobre la base de los precios. Es así que desde la Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza (APROEM), sus referentes fueron tajantes al advertir que “el precio que pretenden pagar las bodegas es una sentencia de muerte para el viñatero independiente. Estamos entregando nuestro trabajo a cambio de nada”.

Este debate termina por exponer una fractura en la gestión del ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, donde la búsqueda de mercados externos choca con la falta de financiamiento real. 

En tal contexto, en los pasillos de la Legislatura provincial, la oposición ya comenzó a agitar el fantasma de la desprotección estatal. “El Gobierno mira para otro lado mientras el pequeño productor desaparece. El Fondo de la Transformación se ha convertido en un club exclusivo para grandes empresas”, acusó el dirigente de la Izquierda Lautaro Jimenez.

El malestar es palpable y ya se traduce en amenazas de protestas durante el Carrusel. En sintonía con este reclamo, la dirigencia de SOEVA lanzó una advertencia que resuena en las bodegas: “Sin salarios dignos para el trabajador de viña, no hay fiesta posible. La brecha entre lo que vale una botella en góndola y lo que recibe el obrero es una inmoralidad que la política debe corregir”, sentenció.

En este escenario, el oficialismo intenta contener el conflicto acelerando el pago del Seguro Agrícola, pero la medida se percibe como un paliativo insuficiente dentro del sector vitivinícola. 

El propio Vargas Arizu defendió la estrategia sosteniendo que “el Estado no puede fijar precios por decreto, pero sí generar las condiciones de competitividad que el sector reclama”, aunque en las fincas del Sur y el Este esa respuesta suena a teoría lejana. 

El debate de fondo, que subió al ring al oficialismo y a la oposición, terminó siendo de qué forma puede el Gobierno lograr que la vitivinicultura no se convierta en una actividad concentrada solo por los grandes viñateros.

En definitiva, sólo puede esperarse que la Fiesta de la Vendimia se convierta en un escenario ardiente donde la batalla política será el protagonista en una suerte de juego de supervivencia del modelo productivo.