El Gobierno de Alfredo Cornejo busca avanzar hacia la reestructuración del Fondo para la Transformación y el Crecimiento exhibiendo a esta como la disputa madre política que marcará la agenda de Mendoza durante los próximos meses.

Se trata de un debate impulsado por el oficialismo, resistido por la oposición y que genera cierta tensión con los sectores productivos tradicionales de la provincia que destacan la incertidumbre que esta medida empieza a causar.

El Gobierno provincial asegura que la modernización es necesaria teniendo en cuenta la caída de la recaudación, por lo que se empieza a preparar un plan para darle lugar a un sistema de financiamiento público-privado.

El meollo de la disputa tiene que ver con la modificación que impulsa el Gobierno en la que el Estado mendocino deje de ser prestamista y se convierta en un bonificador de tasas, una medida que el ministro de Hacienda y Finanzas Victor Fayad, justifica en un contexto en el que se busca conseguir eficientizar los recursos.

No obstante, las cámaras empresariales de Mendoza denunciaron que un cambio de esta índole podría significar un problema para los pequeños productores que no pueden acceder al financiamiento que ofrecen los bancos.

Este pasado martes, el Gobierno inyectó fondos por 2 mil millones de pesos para darle un respiro al sector vitivinícola, pero en el contexto descrito todo indica que se trata de un paliativo para una salida ordenada y no una apuesta por la continuidad.

En tal sentido, el personal que trabaja en el Fondo se mantiene en alerta ante los rumores de disolución de funciones mientras las inversiones a largo plazo permanecen trabadas frente a la incertidumbre.

En este complejo panorama, Cornejo cuenta con un as bajo la manga que le otorga una ventaja a la hora de tomar una decisión que tiene que ver con la renovación de bancas legislativas que tendrá lugar el próximo 1º de mayo.

Con la asunción de los nuevos legisladores, el oficialismo contará con una mayoría más dócil que le permitirá destrabar la reforma sin los obstáculos que la oposición y los sectores territoriales lograron plantear hasta ahora. 

Esta nueva conformación dentro de la Legislatura de Mendoza le daría al Gobierno el poder necesario para terminar con un modelo de banca pública para forzar la transición hacia un mercado donde, según advierten referentes de algro, el costo podría ser el desamparo de quienes siempre dependieron del auxilio estatal para sobrevivir a las crisis de la provincia.

Cabe remarcar que, si bien se conocen los lineamientos básicos de la norma, tal como se expuso en la presente columna, todavía faltan conocer los detalles, y por ende, aún todo está por verse. 

Lo que sí es seguro es que esta será una de las disputas políticas y sociales más picantes en el corto y mediano plazo.