Una publicación compartida por Nadia Marquez (@nadiajmarquez)

No obstante lo dicho, ello no es la solución para resolver el problema de la inseguridad que involucra a menores de edad. El problema, como se dijo, es mucho más complejo y requiere de un enfoque interdisciplinario.

No se trata sólo de un tema de Seguridad, sino también -sobre todo- de pedagogía y sociología. Que amerita poner el foco en la contención social de aquellos que son potenciales malvivientes.

Suena a argumento progresista, o kirchnerista, pero es estrictamente científico. Centrarse solamente en la baja de imputabilidad -que debe hacerse, desde ya- es apuntar a combatir los efectos y no las causas del problema.

Como sostuvo quien escribe estas líneas hace unos días, legislar en ese sentido es hacerlo “al vacío”, con la falsa expectativa de que una reforma penal, por sí sola, reducirá el delito.

Quienes sostienen esta postura —legisladores, jueces o funcionarios del más alto nivel— optan por respuestas simplistas y evitan asumir que la realidad que nos golpea exige políticas profundas y sostenidas.

Hoy la imputabilidad comienza a los 16 años; algunos plantean bajarla a 12. Pero existen chicos de menos edad que ya delinquen. ¿Se pretende modificar la ley cada vez que la realidad la desborde? Ese razonamiento no solo es absurdo, sino que resulta inútil para resolver el problema de fondo.

En otros países, como España, y en comunidades autónomas como Andalucía, el Estado interviene cuando un niño se encuentra en situación de desamparo. En esos casos, se suspende la patria potestad o la tutela de los padres y se protege al menor a través de instituciones especializadas que lo retiran de la calle y le brindan contención, educación, alimentación y atención sanitaria.

A primera vista, puede parecer una medida extrema quitar un hijo a sus padres, pero la verdadera crueldad reside en permitir que un niño abandonado quede librado a su suerte, sin herramientas, sin protección y sin futuro.

En muchos casos, además, estos menores son utilizados por adultos —e incluso por sus propios padres— para cometer delitos, aprovechándose de su inimputabilidad. La responsabilidad de quienes traen hijos al mundo es indelegable: deben ejercer plenamente la patria potestad que la ley les confiere. Cuando esto no ocurre, es el Estado quien tiene la obligación de asumir ese rol.

Lo curioso es que el ordenamiento jurídico argentino prevé este tipo de situaciones: por caso, el artículo 307 del Código Civil faculta a los jueces a suspender o quitar la patria potestad cuando los padres abandonan a sus hijos o los inducen a delinquir. Evidentemente la mayoría de los jueces de menores desconocen que esta medida está orientada a proteger al menor y a prevenir su ingreso definitivo al circuito del delito.

Los políticos tampoco se han ocupado demasiado en empaparse en el tema. Apenas sí impulsan proyectos de ley -algunos calcados entre sí- enfocados a bajar la edad de imputabilidad.

Sin embargo, jamás se tomaron la molestia de introducirse en conocer el escabroso mundo de los institutos de menores o siquiera de consultar a los expertos en el tópico en cuestión.

Por eso, sus discursos suelen ser reduccionistas. Sólo apuntando a la baja de la edad de criminalización penal. Es el reconocimiento de sus propias limitaciones. Tanto políticas como intelectuales.

Es curioso, porque cada vez que ocurre un hecho de inseguridad que involucra a un menor, todos salen a rasgarse las vestiduras. A recordarle al mundo que ellos ya habían pensado en aquella problemática hace millones de años. Incluso hasta recuerdan que han presentado proyectos de ley, como el mendocino Luis Petri. Como si a la ciudadanía le interesara.

Es lo mismo que hizo el gobierno de Alfredo Cornejo en redes sociales, a través de la inexpresiva ministra Mercedes Rus. “Celebramos que en sesiones extraordinarias se trate el proyecto de baja de la edad de imputabilidad. Es un debate necesario que la Argentina debe dar”, sostuvo en su cuenta de X. Tan relevante como decir que “el agua moja”.

La oposición no estuvo carente de la misma demagogia, algunos a favor de bajar la edad de imputabilidad y otros en contra. Estos últimos son los nunca bien ponderados peronistas, que provocaron parte del desastre que hoy se vive en materia de inseguridad merced a la lesiva doctrina zaffaroniana de “evitar estigmatizar” al delincuente. Ello invirtió el orden lógico de las cosas: los victimarios se convirtieron en víctimas y viceversa. Una locura total.

El nivel de anarquía y desorden que vive hoy la Argentina es parte de todo ello. Es el verdadero debate que deberían estar dando los políticos. Pero no, prefieren discutir futuros cargos, nombramientos y curros. No importa el color político ni el momento histórico.