Explosiones de caños, falta de suministro, inundaciones, desbordes, falta de respuesta oficial, obras inconclusas. No hay escándalo que no toque a Aguas y Saneamiento de Mendoza (Aysam).

Es más, según denunció el presidente del Partido Verde, Mario Vadillo, la empresa estatal de la provincia habría engañado a unas 20 mil familias mendocinas con fines recaudatorios.

Pero todo esto sucede mientras el titular de AYSAM, Humberto Mingorance, se encuentra en el ojo de la tormenta por algunas “fallas” en la presentación de sus declaraciones juradas de los años 2023 y 2024.

Según los papers presentados ante la Auditoria de Ética Pública, Mingorance se “olvido” de declarar varias propiedades, ya que solo había declarado tener un terreno de 730 metros cuadrados en el departamento de Maipú a pesar de contar con 10 inmuebles, según revelaciones del diario El Sol.

Tras la publicación de la mencionada nota, el titular de Aysam modificó las declaraciones juradas en apenas unas horas, con un tiempo record que asombra. Ahora desde la mencionada Auditoría anunciaron el inicio de una investigación para descubrir el origen de las millonarias omisiones.

La Legislatura en Movimiento

Los primeros en ponerse en movimiento fueron los senadores de La Unión Mendocina, que solicitaron a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública información con el fin de comparar su patrimonio con sus ingresos y pasivos.

No fueron los únicos, ya que posteriormente, los senadores que responden al Justicialismo provincial también firmaron una iniciativa. Esta vez no se trató de un pedido de informe, sino de un proyecto de resolución.

En el mismo se hace hincapié en que “AySAM es una de las reparticiones del Gobierno Provincial que más dinero ha recibido los últimos años, a título de ejemplo, en diciembre pasado recibió $4.500 millones para obras presupuestadas, sumado a otros $6.500 millones aportados a mediados del 2024 mediante el Decreto N°1257. Por ello es necesario ser estrictos en el control patrimonial del funcionario responsable de administrar los mismos”.

Además destacaron que el terreno que sí había sido declarado por Mingorance en el barrio privado de Gutiérrez, en Maipú, “no es un lote vacío: allí se levantó una construcción de 284 metros cuadrados que no fue informada”.

Por último, pusieron la lupa por el incremento patrimonio del titular de AYSA, teniendo en cuenta la cantidad de inmuebles adquiridos y vehículos de alta gama (un AUDI Q3 y una moto Motoguzzi V7 III Racer) y solicitaron a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública que investigue posible enriquecimiento ilícito, incompatibilidad con el ejercicio de la función pública, “o cualquier otra situación sospechosa”.

La Cámara de Diputados no se quedó atrás, ya que se han presentado dos proyectos de declaración que hacen referencia a este tema. La primera firmada por Gustavo Perret del Partido Justicialista y la segunda por María Gabriela Lizana del Frente Renovador.

En el caso de Perret, solicitó la siguiente información:

-¿Se ha verificado la veracidad de las declaraciones juradas presentadas por funcionario y la existencia de omisiones en ellas?

-¿Se iniciará una investigación interna sobre la omisión de incluir bienes en su declaración jurada y, de ser necesario, se aplicarán sanciones?

-En caso de verificarse incumplimiento en la presentación en tiempo y forma completa y veraz de las declaraciones juradas, ¿se ha iniciado el proceso sancionatorio establecido en el art. 20 y siguientes de la Ley N° 8993? Informe en qué estado se encuentra el mismo.

-¿Se han revisado sus declaraciones fiscales o fuentes de ingresos adicionales para asegurar que los bienes declarados coinciden con sus capacidades económicas?

¿Los ingresos declarados por el funcionario justifican el patrimonio real que posee y su crecimiento desde su ingreso a la función pública?

-¿Es compatible la adquisición de estas propiedades con los ingresos declarados por el funcionario?

¿Ha declarado el funcionario el origen y formas de pago de los fondos que permitieron realizar adquisiciones de bienes realizadas durante el ejercicio de la Función Pública? ¿Se encuentran debidamente justificadas?

-En caso de verificar ocultamiento de información en la declaración jurada, falta de debida justificación de los fondos con los que realizó adquisiciones o crecimiento patrimonial injustificado durante el ejercicio de la función pública, ¿se realizará la denuncia penal pertinente?

-¿Existe alguna justificación por el Sr. Mingorance para la omisión de la declaración de numerosas propiedades inmuebles?

-¿Existen registros o investigaciones previas sobre omisiones o conductas cuestionables por parte de este funcionario en relación con sus bienes, ingresos u otras áreas, que deban ser controladas en el marco de las competencias de ese organismo?

En lo que refiere a la diputada Lizana, pidió explicaciones de forma directa a Mingorance sobre una serie de puntos. A saber:

-Los motivos por los cuales su Declaración Jurada Patrimonial, presentada ante la Auditoría de Ética Pública para los ejercicios 2023 y 2024, omitió la inclusión de múltiples propiedades que sí figuran en registros oficiales.

-Si recibió alguna notificación previa sobre inconsistencias en su declaración jurada por parte de la Auditoría de Ética Pública u otro organismo de control y, en caso afirmativo, qué medidas adoptó al respecto.

-Las razones por las cuales decidió rectificar su Declaración Jurada en fecha 5 de marzo de 2025, inmediatamente después de la publicación periodística que evidenció las omisiones patrimoniales.

-Si su corrección patrimonial obedece a un error involuntario o si existió alguna otra motivación que explique la omisión de información en su declaración original.

 -Si ha iniciado algún procedimiento administrativo o legal contra la Administración Tributaria Mendoza (ATM) respecto a la valuación fiscal y la presunta construcción no declarada en el inmueble ubicado en Maipú.

-Qué medidas tomará para garantizar la transparencia de su patrimonio y evitar futuras omisiones en sus declaraciones juradas.

Asimismo, en el proyecto no dejó pasar por alto su “preocupación por la falta de mecanismos efectivos de control y sanción ante la omisión o alteración de información en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, lo que afecta la transparencia y la confianza en la función pública”.

Todo indica, con lo expuesto aquí, que se vienen días muy ajetreados para el titular de AYSAM, quien se verá obligado a dar explicaciones y se verá sometido a la investigación, ya no solo de los organismos de contralor, sino de los legisladores que no responden a la línea oficialista.