La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la prisión preventiva para el ex juez federal de Mendoza Walter Bento, al rechazar un planteo que presentó su defensa técnica por falta de sentencia definitiva. 

El máximo tribunal del país también dejó firme la revocación de su sobreseimiento por falsedad ideológica y desestimó los diferentes recursos y recusaciones que el imputado había presentado contra los jueces y fiscales de la causa. La resolución judicial llevó las firmas de los ministros Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, junto a tres conjueces, mientras que el presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, se excusó formalmente de intervenir en el expediente.

De esta manera, el tribunal de alzada dejó firme la orden de ejecución de la prisión preventiva y la detención inmediata del ex magistrado mendocino, quien se encuentra procesado por delitos de extrema gravedad institucional. Según consta en las actuaciones ratificadas por la Corte, Bento está imputado formalmente por ser el presunto jefe de una asociación ilícita, cohecho pasivo en quince hechos, prevaricato, retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos calificado, abuso de autoridad en diez oportunidades y desobediencia a la autoridad.

La decisión de la Corte Suprema se acopló al histórico fallo de primera instancia dictado en febrero pasado por el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Mendoza, el cual condenó por unanimidad a Bento a la pena de 18 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una multa superior a los 540 millones de pesos. En aquella oportunidad, los jueces de grado lo consideraron el líder máximo de una organización criminal que operaba dentro de los tribunales federales, dedicada exclusivamente al cobro de coimas y sobornos a cambio de otorgar beneficios procesales en las causas penales bajo su órbita.

El histórico juicio oral y público se extendió por más de 130 audiencias, requirió la declaración de cerca de 300 testigos y demandó un exhaustivo análisis de pruebas documentales y registros digitales por parte de las autoridades judiciales. 

Según se tuvo por acreditado fehacientemente en el veredicto condenatorio, la organización delictiva que comandaba el ex juez federal habría movilizado al menos 1,7 millones de dólares en concepto de coimas, dinero que luego era introducido en el circuito legal mediante la adquisición de diversos bienes muebles e inmuebles.

Tras el rechazo de los recursos de queja por parte de la Corte, la defensa del ex juez solicitó formalmente que el condenado pudiera cumplir la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, un planteo que el tribunal oral difirió para resolver en las próximas semanas. Por el momento, Bento continuará alojado de forma efectiva en el complejo de Cacheuta, ubicado en Luján de Cuyo. 

Cabe recordar que el fallo también alcanzó a su esposa, Marta Boiza, condenada a seis años de prisión por lavado de activos, y a su hijo Nahuel Bento, quien recibió una pena de cinco años de cárcel por el mismo delito.