La salida de Ignacio Yacobucci, de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la candidatura a sucederlo de Paulo Starc, un funcionario proveniente de la “justicia menemista” (reinventado como sciolista en la era K y de buenos vínculos con el intendente ambulanciero Mario Ishi) impacta de modo negativo en la credibilidad del órgano antilavado. Más aún, cuando esto se produce meses después de que el cuestionado ex Vice de la UIF, Manuel Tessio, también se alejara del organismo, dando paso a un reemplazante con nula idoneidad para el cargo y flojo de declaraciones juradas.

Algunos medios de comunicación han sostenido que uno de los motivos que llevaron a la salida del presidente del organismo destinado a combatir el lavado de activos, ha sido que el ex funcionario habría desoído una “bajada de línea de la administración de Javier Milei que se ajusta a las directivas del GAFI y ordena no participar como querellante en causas en las que se investigan hechos de corrupción de gestiones anteriores”.

En primer lugar, cabe destacar que, por ley, la UIF tiene autonomía, de modo tal que el Poder Ejecutivo no está facultado para imponerle directivas. Más aún, la remoción del Presidente y del Vice de la UIF debe hacerse solo por causales tales como: mal desempeño, grave negligencia, condena por delitos dolosos o la inhabilidad física o moral.  Obviamente que cualquier decisión, en ese sentido, debe ser correctamente fundamentada en dichas causales y que el funcionario removido puede ejercer su derecho a impugnarla judicialmente. El pedido de renuncia de ninguna manera es una opción.

En segundo lugar, no es cierto que el GAFI, organismo internacional que califica periódicamente a la UIF, se haya opuesto a que el ente antilavado querelle a ex funcionarios de anteriores gobiernos. Contrariamente a lo que el actual gobierno habría filtrado a algunos medios de comunicación, lo que ha observado el GAFI, en su informe, es que la UIF suele actuar como querellante en determinadas causas de corrupción, inmediatamente después de la asunción de un nuevo gobierno y que, ante la llegada del gobierno siguiente, se retira de las causas o hasta pide absoluciones para aquellos funcionarios que antes eran querellados por la propia UIF. En fin, lo que sostiene expresamente el GAFI es que su equipo evaluador “no cuestiona la posible validez de las querellas, sino el tiempo y el hecho de que cambia de dirección luego de cambios en el gobierno”. En definitiva, lo que pide el GAFI es que se respete la autonomía de la UIF y que la facultad de querellar sea ejercida profesionalmente y no, conforme a los vaivenes de la política.

Frente a esto, con algunas idas y vueltas, el gobierno siempre ha intentado solucionar el problema eliminando la facultad de querellar de la UIF, evitando así que el único órgano autónomo especializado en lavado de activos que representa al Estado Nacional intervenga en juicios contra el crimen organizado: corrupción, narcotráfico, tráfico de armas, entre otros.

Sin embargo, ese criterio no es otra cosa que esconder la basura debajo de la alfombra. La solución para alcanzar la autonomía que la ley confiere a la UIF es designar candidatos idóneos e íntegros que no se sometan a las presiones del poder de turno. Lamentablemente, no parece que el Dr. Paulo Starc, ex funcionario de la justicia menemista y ex funcionario del sciolismo K, sea el candidato capaz de lograrlo.