El pasado 14 de mayo, el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunció que firmó un convenio con el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, con el fin de acelerar los procesos de obras de rutas nacionales en suelo provincial.

“Lo haremos con recursos propios, para acelerar su remodelación y garantizar su mantenimiento integral”, sostuvo Cornejo, lo que le valió la crítica de la oposición, sobre todo de la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti que lo calificó como “el gobernador más porteño”.

Lo cierto es que el anuncio del gobernador generó más dudas que respuestas y desde la Legislatura provincial piden explicaciones, sobre todo teniendo en cuenta que el acuerdo entre la provincia y nación no es de público conocimiento.

Pedidos legislativos

Es así que el senador peronista Félix González presentó un pedido de informe con el objetivo de acceder al documento firmado por Cornejo, junto con la Dirección Nacional de Vialidad y la Secretaría de Transporte de la Nación.

“En virtud de este acuerdo, la Provincia se comprometería a gestionar y licitar las obras con financiamiento propio y eventualmente mixto, en función de acuerdos con el sector privado. En virtud de la relevancia institucional que implicaría el mencionado convenio, como así también sus implicancias sobre el uso de fondos y sobre derechos de los usuarios, resulta necesario contar con mayor clarificación y documentación oficial al respecto”, argumentó el legislador provincial.

Algo similar sostuvo la diputada provincial del PRO Jimena Cogo, quien también realizó un pedido de informe “fundamentado en la necesidad de garantizar transparencia, equidad territorial y control institucional sobre el uso de fondos públicos y la ejecución de obras estratégicas en la provincia de Mendoza”.

“Sin perjuicio de que toda obra que mejore la conectividad vial de Mendoza resulta bienvenida, lo cierto es que el origen, asignación y ejecución de estas obras presentan elementos jurídicos, técnicos y políticos que deben ser revisados, evaluados y explicados por el Poder Ejecutivo ante esta Honorable Cámara”, sostiene la legisladora.

Además destaca que “el uso de aproximadamente 150 a 200 millones de dólares del mencionado fondo, en obras que no pasan por el Congreso de la Nación ni por la Legislatura Provincial, vulnera principios básicos de legalidad presupuestaria y control institucional”.

Es por ello que solicitó una serie de respuestas y documentos al Gobierno de la provincia de Mendoza. A saber:

-Indique el criterio técnico, político, económico o estratégico utilizado para la selección de los tramos incluidos en el convenio (Rutas Nacionales 7, 40 y 143).

-Indique por qué ninguna de las obras proyectadas incluye al Departamento de Malargüe, siendo este el territorio originalmente destinatario del Fondo de Resarcimiento vinculado a la frustrada obra Portezuelo del Viento.

-Informe si existieron consultas a Intendencias, Concejos Deliberantes u otros actores institucionales de los departamentos del sur provincial sobre la priorización territorial.

-Indique qué norma habilita a la Provincia a financiar y ejecutar obras sobre rutas nacionales sin reembolso por parte de Nación.

-Adjunte copia del convenio firmado, incluyendo anexos técnicos y financieros.

-Detalle cómo se prevé la implementación de peajes u otro mecanismo de recuperación de fondos, y en qué tramos se aplicaría.

-Informe si se prevé un mecanismo de control, auditoría o participación ciudadana en el uso de los recursos.

-Especifique si existen obras viales previstas para el sur provincial que serán financiadas con fondos provinciales, y si se evaluó la equidad territorial en la distribución de la inversión vial.

Sin fondos nacionales

Hace casi un año, en junio del 2024, el gobernador Alfredo Cornejo ya había estado negociando que se destraben fondos nacionales para obras viales en Mendoza en diálogo con el jefe de Gabinete Guillermo Francos.

Por entonces, se trataba de 14 obras en la provincia que se habían paralizado tras la asunción del presidente Javier Milei que se negaba a enviar fondos para continuar obras nacionales en suelo mendocino.

En ese acuerdo, el Gobierno nacional se había comprometido a asistir financieramente a la provincia en obras tales como la ruta nacional 7 del sistema Cristo Redentor, los puentes de la ruta 40 en Tunuyán, la ampliación del establecimiento potabilizador Ballofet en San Rafael y la ampliación de la planta depuradora Cuadro Nacional.

Asimismo, se había pactado la continuación de la ejecución de las obras en la Ruta 40 Mendoza-San Juan y en el tramo Tunuyán-Luján de Cuyo.

“Todas las obras sobre rutas nacionales las continua Nación, son más de 180.000 millones de pesos. Lo único que nos queda a nosotros  es la ruta 99 que está casi lista y una sola obra de Mendoza, que son 1500 millones de pesos. Mendoza no se hace cargo de ninguna obra nacional”, había sostenido en ese entonces el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Natalio Mema.

El tiempo terminó por dar un brusco giro y ahora la provincia, que no puede desentenderse de los desgastes a los que se ven sometidas las rutas que cruzan la provincia, deberá costear con fondos propios obras que corresponder a la administración nacional.