El periodismo se encuentra en un momento complejo. Desde los distintos sectores del poder instalan la confrontación con la prensa como un modelo de ejercer la política e instan a odiar a los comunicadores.

No hay prácticamente una defensa al trabajo de prensa. Desde la política demonizan el ejercicio del periodismo lo que en cierto punto es lógico. Históricamente, los medios de comunicación fueron atacados por el poder por exponer sus secretos y miserias.

En tal sentido, la senadora provincial de La Unión Mendocina, Flavia Manoni, presentó en la Legislatura de Mendoza un proyecto de declaración que tiene como finalidad evitar la persecución y el amedrentamiento hacia los comunicadores.

En diálogo con Diario Mendoza   Today, la legisladora explicó: “Estoy al tanto de estas situaciones que afectan a este colectivo profesional, soy docente titular hace 28 años de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y una de las Carreras claves es la licenciatura en Comunicación Social, esto, relacionado con nuestra obligación constitucional de informar los actos de gobierno en Argentina que se manifiesta a través del derecho de acceso a la información pública”.

“El derecho de acceso a la información pública se basa en el principio de publicidad de los actos de gobierno y busca garantizar la transparencia y el control de la gestión pública por parte de la sociedad civil. La ley establece que la información debe ser completa, veraz, adecuada y oportuna, y que las solicitudes de información deben ser respondidas en un plazo máximo de 30 días. Entonces me pregunto, ¿Están dadas las condiciones en la actualidad para cumplir con tal propósito?”, añadió.

En ese contexto, señaló que allí nace su preocupación: “Los bajos salarios, la falta de estabilidad laboral, la sobrecarga de trabajo, la obligación de estar disponible todo el tiempo y las largas jornadas laborales por mencionar algunos de los factores que contribuyen a la precariedad laboral que experimentan muchos profesionales del periodismo en Argentina en general y de Mendoza en particular”.

“Estas barreras cada vez más insalvables que son la moneda corriente para ejercer el periodismo termina siendo una grave amenaza tanto para los comunicadores sociales, como para la calidad del periodismo, que es esencial para una democracia consolidada. Y si a esto se le suma el masivo despido de trabajadores/as tanto de medios públicos como privados las consecuencias para asegurar una información de calidad para la ciudadanía, son de una gravedad inusual solo vista en épocas de dictadura”, argumentó.

Recordó, asimismo, que la provincia adhirió hace 14 años al Estatuto del Periodista Profesional: “El tema reviste una profunda gravedad porque han pasado 14 años y la Ley no ha sido reglamentada, entonces la segunda pregunta obligada son los motivos de dicha desidia. La verdad es que los desconocemos, pero podemos suponerlos: contar con un blindaje mediático en la provincia para ocultar, disfrazar o cambiar la realidad. Pero lo que de ninguna manera nos atreveríamos a suponer porque el Gobierno no da el ejemplo de cumplimiento a la Ley y por el contrario son los primeros en desconocerla”.

Resaltó en la misma línea que “FOPEA junto con la Unión Europea en Argentina realizó una investigación sobre ‘La precariedad laboral como condicionante de la calidad del periodismo profesional’, donde se recogió la mirada de más de 600 periodistas de todo el país con respecto a sus condiciones laborales”.

“Esto me lleva a una afirmación ‘Los/as trabajadores/as de los medios se encuentran sin defensa, acorralados en un camino sin salida donde no se respetan los procesos paritarios, percibiendo salarios por debajo del mínimo vital y móvil y sin nadie que los defienda y escuche’”, expresó Manoni.

Al ser preguntada por la motivación a la hora de presentar la iniciativa, en diálogo con este medio sostuvo: “Trabajo directamente con los integrantes del círculo de periodistas Mendoza y cuentan con datos irrefutables, luego soy profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y nací junto a tan loable profesión, dado que se inaugura en la facultad mencionada y tercero que es tan complejo el blindaje mediático que muchos hechos de la realidad se tergiversan, se ocultan o disfrazan”.

“Muy pocos valientes pueden animarse a comunicar los actos de Gobierno con pruebas y objetividad, y cuando se instaura una mentira se viola sistemáticamente el derecho a la información entonces se viola sistemáticamente la Constitución Nacional y leyes como la Ley 27275 que establece que cualquier ciudadano puede solicitar información a los poderes del Estado, incluyendo el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a otros organismos y entidades con participación estatal”, sostuvo sobre el escenario periodístico de Mendoza.

También fue consultada sobre la avanzada del kirchnerismo contra la prensa tras la condena de Cristina Kirchner en el marco de la Causa Vialidad: “El tema es cuando se corre la racionalidad por cuestiones viscerales. Si escuchas opiniones de un lado dicen que es una causa armada para correr a la presidenta de mandato cumplido del medio porque es la única que tiene un caudal propio de apoyo y si escuchas otros plantean que al fin se hizo justicia y que esta se demoró demasiado. El tema que según datos objetivos el poder que menos credibilidad tiene del Estado es la Justicia. La escasa credibilidad del poder judicial es una preocupación creciente, tanto en Argentina como en otros países”.

En la misma línea argumentó: “Diversos estudios y encuestas muestran una percepción negativa de la justicia, con bajos niveles de confianza en la imparcialidad, eficiencia y honestidad de sus integrantes. Esta falta de credibilidad puede afectar la legitimidad de las instituciones y debilitar el estado de derecho, de hecho, en la provincia, este dato se agrava, dado que muchos piensan que la justicia está al servicio del poder fáctico donde grupos de presión con intereses particulares pueden ejercer influencia sobre jueces y tribunales, comprometiendo la imparcialidad del sistema y eso, amedrenta y obviamente la división de poderes termina siendo un cuento”.

Por último, resumió la intención de la norma: “Intenta brindar las herramientas jurídicas a los periodistas para no ser perseguido, ni amedrentados si comunican alguna ‘noticia’ que denota lo que realmente pasa en el país y la provincia”.