La Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo acaba de atravesar uno de los episodios más graves de su vida institucional reciente. La Junta Electoral Particular, presidida por Ernesto Bustelo, decidió proscribir la lista opositora encabezada por Marcelo Pieralisi y dejó al oficialismo de Miguel González Gaviola ante una elección sin competencia real. Una elección de candidato único. Una elección vaciada de sentido democrático.

Lo que venía siendo una preocupación política terminó convertido en un hecho consumado. La Junta Electoral, que debía garantizar transparencia, igualdad de condiciones y respeto por la participación de los claustros, terminó actuando como una herramienta de cierre del sistema. En lugar de custodiar el proceso electoral, lo clausuró. En lugar de permitir que la comunidad académica decidiera en las urnas, resolvió desde un escritorio que la oposición no pudiera competir.

El argumento utilizado resulta alarmante. Según la interpretación de la Junta, una candidata de la lista opositora no podría ejercer sus derechos políticos dentro del proceso universitario por encontrarse con licencia. Es decir, una licencia que afecta su relación laboral fue usada como excusa para restringir su participación política. Una lectura forzada, restrictiva y profundamente peligrosa, porque confunde una situación administrativa con el ejercicio de derechos institucionales dentro de la universidad.

La gravedad aumenta por quien conduce el órgano electoral. Ernesto Bustelo no es un funcionario improvisado ni alguien ajeno al derecho. Es profesor titular de Derecho Público. Por eso, la decisión no puede ser leída como un simple error técnico. Desde el sector opositor la interpretan como una determinación consciente, jurídicamente regresiva y políticamente funcional al oficialismo. Un acto que, lejos de fortalecer la institucionalidad, la hiere en su núcleo más sensible: la posibilidad de elegir.

La Junta Electoral Particular venía acumulando señales preocupantes. Primero, interpretaciones cambiantes. Después, revisiones fuera de plazo. Luego, exigencias de último momento. Finalmente, la proscripción. El camino fue claro: convertir el procedimiento electoral en un laberinto administrativo diseñado para impedir la competencia. Una facultad que debía dar ejemplo de pluralismo terminó pareciéndose a una elección cerrada, donde el oficialismo solo acepta competir si no hay nadie enfrente.

El beneficiario político directo de esta decisión es Miguel González Gaviola. El actual decano, desgastado por el final de su gestión y sostenido por el esquema político de Esther Sánchez, queda ahora frente a un escenario sin disputa efectiva. No ganó una elección: le sacaron la oposición de encima. Y esa diferencia es enorme.

Porque una cosa es imponerse en las urnas y otra muy distinta es llegar al resultado después de que el órgano electoral baja a la lista que podía disputarle el poder. Lo primero es democracia universitaria. Lo segundo es administración del miedo.

Ciencias Económicas era el último punto de control que el oficialismo de Esther Sánchez necesitaba conservar dentro de la UNCuyo. La aparición de Marcelo Pieralisi había alterado esa tranquilidad. Su candidatura logró ordenar a sectores que hasta hace poco parecían irreconciliables, como Franja Morada y UPAU, que venían de empatar 50 a 50 en las últimas elecciones institucionales y decidieron confluir detrás de una alternativa opositora. Esa alianza convirtió a Pieralisi en una amenaza real para el oficialismo.

La respuesta no fue política. Fue burocrática. No buscaron ganarle: buscaron impedirle competir.

Ese es el punto central del escándalo. La proscripción de la lista opositora no solo afecta a Pieralisi o a quienes integraban su espacio. Afecta a toda la comunidad académica. Les quita a docentes, estudiantes, graduados y no docentes la posibilidad de elegir entre proyectos distintos. Reduce la elección a una formalidad. Convierte el voto en un trámite sin alternativa.

Desde el sector opositor ya anticipan que no se quedarán de brazos cruzados. La pelea podría escalar ante la Junta Electoral General, que regula el proceso electoral a nivel universitario, y también llegar a la Justicia Federal mediante las acciones correspondientes para resguardar derechos políticos vulnerados. Incluso se analiza llevar el caso a los tribunales de ética profesional, dado que el presidente de la Junta Electoral Particular, Ernesto Bustelo, es abogado y se encuentra sujeto a control colegiado.

La dimensión institucional del conflicto es enorme. Que una universidad pública, en una provincia con tradición institucional como Mendoza, termine envuelta en una denuncia de proscripción electoral es una vergüenza. Y lo es todavía más para los sectores que se reivindican democráticos, republicanos y reformistas, pero que hoy aparecen compartiendo espacio con prácticas propias de pequeños feudos internos.

La democracia universitaria no se defiende en los discursos. Se defiende cuando hay que aceptar competir. Se defiende cuando el oficialismo puede perder. Se defiende cuando una Junta Electoral actúa como árbitro y no como brazo ejecutor de una facción.

En Ciencias Económicas ocurrió lo contrario. La Junta presidida por Ernesto Bustelo tomó una decisión que quedará marcada como un punto de quiebre. González Gaviola podrá intentar avanzar hacia una elección sin rival, pero el costo político de esa maniobra ya empezó a pagarlo. Porque una gestión que necesita proscribir a su oposición para sostenerse no demuestra fortaleza. Demuestra miedo.

Y cuando el miedo se disfraza de reglamento, la democracia universitaria deja de respirar.