La modificación de la Ley de Empleado Público sigue levantando polvareda. Recientemente, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), denunció la inconstitucionalidad de la propuesta sancionada por el Poder Legislativo de Mendoza el pasado 30 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial el 6 de octubre.

El gremio, que tiene al frente a Claudia Iturbe, también solicitó la inaplicabilidad de la normativa, ya que entienden que viola los artículos 14 bis y 18 de la Constitución Nacional, como así también Tratados Internacionales con jerarquía constitucional.

“La norma impugnada modifica sustancialmente el Decreto-Ley 560/73 -Estatuto del Empleado Público-, introduciendo regresiones inadmisibles en materia de estabilidad, negociación colectiva, defensa en juicio y reparación por cesantías o sanciones arbitrarias, afectando de modo directo al personal profesional de la salud pública comprendido en dicho régimen”, expresó tajantemente la referente sindical.

Y cerró: “Es una clara flexibilización laboral que se suma a las 26 leyes que aprobó Cornejo el año pasado, que embisten en detrimento de la salud pública de Mendoza”.