Un grupo de diputados opositores, entre los cuales se destaca el sanrafaelino Emir Félix, impulsa un proyecto denominado “Programa de desendeudamiento de las familias argentinas“, que apunta a ofrecer alivio financiero a los sectores más golpeados.

La propuesta propone la creación de una línea de crédito directa de ANSES para jubilados, trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios de planes sociales, a fin de que puedan cancelar sus deudas con tarjetas de crédito y otros operadores no financieros, reemplazándolas por préstamos con condiciones “menos desfavorables”.

Los créditos contemplan un monto máximo de $1.500.000 y serían otorgadas a tasas de mercado, calculadas en base a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales. Además, se fija un límite para evitar nuevos ahogos financieros: la cuota no podrá ser superior el 30% de los ingresos del solicitante, con plazos a definir dependiendo de su capacidad de pago.

El mecanismo de aplicación apunta a eliminar intermediaciones. El trabajador, jubilado o monotributista gestionaría el crédito ante ANSES —a través de una plataforma digital— y daría a conocer cuál es la tarjeta o fintech a la que adeuda.

Posteriormente, ANSES cancelaría esa deuda y empezaría a cobrarle al beneficiario en cuotas. “Se sustituye una deuda con tasas muy altas, que ahoga financieramente a las familias, por otra pagable y respetuosa de las condiciones reales del mercado”, explicaron los autores.

La iniciativa también pone el foco en la sustentabilidad fiscal. Según los legisladores impulsores del proyecto, ANSES prestaría a tasas de mercado “por encima del costo de fondeo del sistema financiero”, por lo que la operatoria sería “una inversión rentable” para el organismo. Al mismo tiempo, posibilitaría que millones de familias salgan de esquemas crediticios considerados impagables.

Además de Félix, respaldaron la propuesta los diputados Guillermo Michel, Juan Pablo Luque, Ernesto Alí, Victoria Tolosa Paz, Carlos Cisneros y Marianela Marclay (Unión por la Patria); Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot (Encuentro Federal); y Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba).

De acuerdo al texto, el universo potencial de beneficiarios alcanza a cerca de 15 millones de personas, incluyendo jubilados y pensionados (hasta seis jubilaciones mínimas), titulares de AUH y asignación por embarazo, trabajadores registrados (hasta seis salarios mínimos), personal de casas particulares y monotributistas de las categorías A a D.

En los fundamentos del proyecto, los opositores describen un contexto social en el cual los ingresos deprimidos y los gastos fijos en alza llevaron a millones de hogares al endeudamiento para hacer frente a necesidades básicas como alimentos y servicios. Ese proceso derivó en un marcado crecimiento de deudas con tarjetas y especialmente con los Operadores No Financieros de Crédito (OPNFC) —fintech, cooperativas, mutuales y cadenas comerciales— que ofrecen préstamos con tasas muy superiores a las del sistema bancario.

En el anexo del proyecto, Félix y compañía detallaron que la cartera de crédito fintech varió de $724 mil millones (en valores ajustados entre julio de 2024 y julio de 2025) a $2,58 billones en julio del año pasado. En paralelo, las tasas de interés de estos operadores se ubicaron en torno al 130% TNA, mientras que las tarjetas de crédito rondan el 92%, en un escenario de inflación anual del 30%.

Este encarecimiento profundizó el deterioro de la calidad crediticia: la irregularidad en los préstamos personales otorgados por OPNFC trepó al 20% en noviembre de 2025, un valor muy por encima del sistema financiero regulado, que también llegó a un pico histórico cercano al 8% para créditos a hogares.

“El esquema actual no es sostenible ni para los deudores ni para los prestadores”, finalizaron.