Nicolás Sanz

Esta semana, el diputado provincial del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, presentó un proyecto de Ley que propone declarar la emergencia salarial de los trabajadores que se desempeñan en el Estado Provincial.

“El trato discriminatorio se evidencia en la aplicación del ITEM 1414, donde los porcentajes de aumento varían según el agrupamiento, generando desigualdad. La tercerización de sectores esenciales ha agravado la situación: actualmente, en algunos hospitales se cuenta con personal externo de empresas privadas”, sostuvo.

En la misma línea ejemplificó que “la empresa Glosyc presta servicios en áreas como administración (50 personas), limpieza (69 personas) y mantenimiento (76 personas) (Ex. 8565797/24), mientras que Grupo Marsan proporciona 36 personas para vigilancia (Ex. 6433743/24). Además, datos comparativos reflejan diferencias notorias en el gasto por puesto de trabajo: se destinan $342,302.62 para puestos administrativos, $597,769.09 para servicios generales, $603,511.58 para mantenimiento y $554,010.25 para vigilancia, entre otros montos, lo que evidencia una asignación desigual de recursos”.

En la misma línea añadió: “Cabe destacar que a los empleados estatales aún se les adeuda la paritaria del año 2020, una situación que no ha sido contemplada en ninguna de las recomposiciones salariales posteriores. Esta deuda no se ha reflejado en los ítems que cumplen funciones remunerativas y bonificables, ni en la asignación de clase, lo que ha generado un perjuicio económico acumulado para los trabajadores del sector público”.

En diálogo con Diario Mendoza Today, comentó que hace tiempo que viene “laburando el tema”. “Sinceramente es preocupante como viene el tema porque la baja del personal de la planta es una mentira. Lo que se está haciendo es, a los que se jubilan, o se van o los reemplaza una empresa privada con personal que cobra el doble que los trabajadores de planta”.

Allí hizo una comparativa: “un docente 590 mil pesos con 10 años de antigüedad, personal de administración de salud 600 mil con 20 años de antigüedad, policías que están pasados de horas de laburo y debajo de la canasta básica, judiciales que tienen una brecha salarial gigante entre la cúpula y las bases”.

“Está todo roto y todo tiene pinta de negocio porque lógicamente las empresas manejan millones de pesos del Estado. Sumado a eso vengo teniendo reuniones porque ya la situación es extrema y todo eso me motivó a presentar esto”, comentó.

Además aclaró que lo que busca el proyecto la emergencia salarial es establecer una “herramienta para autorizar al Ejecutivo a modificar partidas presupuestarias y permitir la recomposición en las asignaciones de clase”.