Nicolás Sanz

La salud de una democracia no se mide por la intensidad de sus debates, sino por el respeto sagrado a las reglas del juego que permiten que justamente esos debates puedan llevarse a cabo. 

Sin embargo, Argentina asiste a un espectáculo degradante donde los extremos ideológicos decidieron que la institucionalidad es un estorbo para lograr objetivos personales o en todo caso ideológicos. 

Por un lado, el dirigente social Juan Grabois expuso una visión del poder que prescinde de la ética republicana al exigir que el peronismo gane las elecciones con el único fin de indultar a la ex presidenta Cristina Kirchner y enviar a los integrantes de la Corte Suprema  de justicia a juicio político. 

En tal sentido, esta postura es una declaración de guerra contra la división de poderes, que reduce la justicia a un trofeo de guerra que se entrega o se quita según el humor de las urnas y la ideología del sector gobernante. 

Proponer el perdón presidencial como condición de unidad política es admitir que, para este sector, la ley no es igual para todos, sino una herramienta maleable al servicio de la impunidad.

En el otro extremo se ubica el estilo del presidente Javier Milei, quien alimenta la misma hoguera de polarización, aunque con un signo ideológico opuesto, pero con costumbres que se le pueden endilgar tranquilamente al kirchnerismo. 

Su retórica de confrontación total, donde cualquier disidencia es etiquetada como una traición o un ataque de la “casta”, transformó la gestión pública en una cruzada que desprecia el disenso y lo ubica en el lugar de enemigo, aun cuando la crítica no sea más que constructiva. 

Es que al gobernar bajo la premisa de que su legitimidad de origen en las elecciones le otorga una suerte de cheque en blanco para ignorar al Congreso de la Nación o presionar al periodismo independiente o disidente, Milei convalida la misma lógica que critica: la de que el fin justifica los medios. Entonces Nicolás Maquiavelo no murió.

Grabois propone apuntar contra la justicia para proteger a los suyos y Milei sugiere que las instituciones sólo son útiles si sirven para imponer su visión económica (y la mirada política de su hermana Karina Milei) sin matices ni demoras. En otras palabras, Milei y Grabois se retroalimentan en su visión de la anomia.

La propuesta de Grabois de barrer a la Corte Suprema le da la excusa perfecta a Milei para profundizar su autoritarismo, y el dogmatismo del presidente le sirve al diputado para justificar su llamado a la resistencia institucional. 

Lo que está en juego no es poco, porque en un escenario de estas características termina por desaparecer el diálogo, el consenso y, sobre todo y más grave, la seguridad jurídica, tan necesaria para entender los alcances de las normas y las consecuencias de despreciarlas.

En todo caso, ningún país puede prosperar si su destino depende de si el próximo presidente usará su lapicera para borrar sentencias judiciales o para clausurar el debate democrático o la libertad de prensa. 

En tal sentido, tanto Milei como Grabois representan dos modelos de Gobierno autocrático que no hace más que canalizar todo el poder en una sola persona (o un grupo reducido de personas)… Nada más cercano a la Venezuela de Nicolás Maduro.