Coyunturalmente, la política de Mendoza enfrenta una serie de desafíos que buscan enmarcarse en una serie de proyectos dentro de la Legislatura provincial referentes a modificaciones en las elecciones, el desarrollo urbano y la seguridad digital.

En ese sentido, la principal discusión en el órgano de debate local, se refiere al proyecto con el que el oficialismo busca eliminar las elecciones de medio término, un proyecto impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo y presentado por el senador provincial Néstor Majul.

Con esta iniciativa, básicamente lo que se busca es unificar la renovación total de ambas cámaras de la Legislatura con la elección del Gobernador evitando que el ciudadano mendocino vaya a las urnas cada dos años para elegir cargos provinciales.

En este contexto se espera que los bloques opositores no apoyen la norma teniendo en cuenta que ya puntuales referentes manifestaron su preocupación ya que consideran que se trata de un modelo electoral que limitará la representatividad de fuerzas minoritarias, debilitará el control ciudadano sobre el oficialismo y concentrará el poder en la figura del mandatario provincial.

En paralelo a esta enroscada discusión, los legisladores avanzarán esta semana en el tratamiento del Código Unificado de Edificación, una herramienta que busca unificar los criterios de las obras públicas y privadas en los 18 departamentos mendocinos, una provincia donde conviven regulaciones municipales dispares e, incluso, en 5 comunas carecen de una reglamentación establecida.

Lo que se busca con esta medida es centralizar y hacer homogéneos los parámetros de seguridad sismorresistentes, la prevención de incendios y la incorporación de criterios de sustentabilidad ambiental como la recolección de aguas grises frente a la crisis hídrica provincial.

Asimismo, bajo la órbita de los gobiernos municipales quedaría la facultad de definir las zonificaciones y los factores de ocupación del suelo.

Además, luego de la White Hat Conference, se puso en agenda la necesidad de una modernización que incorpora el debate de la Ley de Ciberseguridad, un proyecto enviado por el propio Gobierno local que establece un marco cooperativo entre el sector público, las empresas privadas y las universidades con el fin de prevenir e investigar delitos informáticos complejos mediante la provisión de nuevas herramientas para la justicia.

Por otra parte, en la Legislatura se analiza una reconfiguración del Instituto Provincial de Juegos y Casinos dentro de las Comisiones parlamentarias, una reforma diseñada para otorgarle al organismo facultades para reestructurar sus áreas y optimizar el gasto.

Para ello, estará bajo análisis de la Legislatura las garantías asociadas a la estabilidad y la reubicación laboral de los empleados estatales que dependen de las dependencias afectadas por los cambios en la actividad.

Lo que se ve en el horizonte es una Legislatura con mucho trabajo y cambios profundos en la regla del juego en distintos puntos relacionados a la política mendocina.