El Gobierno de Mendoza instruyó a la Asesoría de Gobierno para iniciar una acción judicial contra el ex funcionario policial Marcelo Sebastián Calderón Lencinas, con el objetivo de anular el pago de una indemnización que el propio Estado le había concedido. 

Según se desprende del decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial de Mendoza, el conflicto se originó tras una serie de resoluciones contradictorias emitidas por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

En un principio, la cartera, que hoy comanda la ministra Mercedes Rus, rechazó el pedido indemnizatorio del ex efectivo, pero posteriormente, ante un recurso de revocatoria, el Ministerio dio marcha atrás y reconoció el derecho al cobro.

Sin embargo, el proceso dio un giro cuando la Contaduría General de la Provincia y la Asesoría de Gobierno detectaron irregularidades en el otorgamiento del beneficio, señalando que la incapacidad del ex policía no encuadraba en los supuestos.

Por tanto, se determinó que la resolución que favorecía a Calderón Lencinas tenía un “vicio grave o grosero” por “estar en total discordancia con el orden normativo y representar un perjuicio económico”. 

Como el beneficio cuenta con estabilidad y no puede ser revocado de oficio por el Gobierno, se demandó al ex oficial siendo la Justicia quien deberá decidir en este caso.