El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia que encabeza la ministra Mercedes Rus, rechazó un reclamo de una comisario quien percibía un beneficio salarial.

Se trata de Jaquelina Silvana Domínguez González, cuyo conflicto se originó a partir de una resolución mediante la cual el Gobierno provincial dictaminó que el pago de un adicional por el título de Técnico en Odontología a favor de la uniformada resultaba “lesivo a los intereses públicos por razones de ilegitimidad”. 

Según se desprende del decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial de Mendoza, la norma original que otorgaba dicho beneficio, dictada en el año 2021, habría sido emitida con un exceso en las facultades reglamentarias, lo que obligó a la administración actual a iniciar el proceso para su anulación.

La disputa escaló cuando la Comisario intentó frenar esta decisión mediante un recurso de revocatoria y, posteriormente, un recurso jerárquico ante la máxima autoridad provincial. 

Sin embargo el Gobierno provincial desestimó el reclamo por considerarlo “formalmente improcedente”. Básicamente,se argumentó que este acto no produce efectos jurídicos directos ni quita derechos de forma inmediata, sino que es el paso previo que permite al Estado acudir a la Justicia para que sea un juez quien finalmente determine si el acto administrativo previo fue ilegítimo y debe ser anulado.

Bajo esta interpretación, el decreto establece que la Comisario no puede atacar administrativamente una decisión que todavía no modificó su situación jurídica de manera definitiva.