La trama arranca allá lejos y hace tiempo cuando el Municipio de San Martín decidió contratar a la Asociación Civil “Sus patas en nuestras manos”, perteneciente a Paula Valdemoros, pactando un contrato de “colaboración mutua” ciertamente atípico.

El objeto del mismo fue el de llevar a cabo la campaña de esterilización, vacunación y desparasitación de animales domésticos, perros y gatos básicamente.

El problema es que de “mutuo” hay poco. El municipio debe proporcionar los insumos, como el quirófano móvil que es trasladado con vehículos y personal municipal. También los medicamentos veterinarios necesarios a ese objeto.

No es todo: la comuna de aportar personal municipal auxiliar y, además, proporcionar tres veterinarios que contrata el mismo municipio. 

La Asociación Civil de la referida Valdemoros, no cuenta —y no contó jamás— con empleados registrados, solo con lo que ella llama “colaboradores”, para no decir personal en negro, entre los cuales se aprovecha de menores de edad lo que ya motivó puntuales denuncias, como el expediente Penal  79660/24, hoy con vista a la Justicia Federal.

La Asociación Civil, constituida desde el 16 de enero de 2013, supo tener como vicepresidenta a la mencionada Valdemoros y como presidenta a Bárbara “Barby” Orozco, una persona que se desempeña como empleada administrativa del consultorio médico de la médica Alejandra Lega, la madre de la principal sospechada en la venta de medicamentos veterinarios provistos por el municipio en el programa público de castraciones. Ahí aparece otro expediente Penal, el número 78969/24.

Dicho sea de paso, en este atípico contrato de “colaboración mutua” no se pactó cuál sería la contraprestación que recibiría la Asociación Civil para mantener la organización de las actividades del programa y para pagar el trabajo de su única obligación, esto es el aporte de personal en cumplimiento de las leyes vigentes. 

El municipio al mando Raúl Rufeil, sin una debida fundamentación de un acto de gobierno —de hecho, no hay un decreto que lo ordene y justifique las razones de conveniencia y oportunidad de delegar una Función Pública como es el programa en cuestión, siendo que por la Ley Orgánica de Municipalidades es de atribución y competencia municipal—, decidió por sí, y de facto, contratar con una asociación intermediaria cuya utilidad real es nula, aunque ciertamente rentable para quienes forman parte.

A su vez, aparece otra irregularidad, de la cual viene dando cuenta Diario Mendoza Today: la venta de medicamentos veterinarios de propiedad del Estado, que por convenio aporta el Ente Comunal. Pocos saben que durante los operativos solía asistir el mismísimo intendente Rufeil.

Según se pudo determinar de puntuales constancias penales, los remedios eran comercializados a través de un Alias de Mercado Pago (“suspatasong”), cuyo destino era la cuenta privada de Valdemoros, identificada con su DNI y CBU.

De hecho, pudo saberse por el planteo de la querellante —y a través de la declaración de un testigo del Expte 78968/24— que existe una escabrosa relación económica entre el intendente, Valdemoros y los miembros de su familia.

Es que, además de la relación de lucro por ser accionistas entre el padre de la profesional, Angel Valdemoros, y el intendente —desde que forman parte de una misma entidad societaria que presta servicio de la salud humana—, también aparece la madre de la sospechada en la venta de medicamentos proporcionados por el municipio.

Su madre, según pudo saber este diario, proporcionaba el dinero que Rufeil iba a buscar a su casa para cuando estuvo postulado a intendente y, también, con posterioridad a las elecciones. Le era entregado en bolsas, llegando a suceder hasta dos veces al mes.

Al pie puede verse el contrato de colaboración mutua que permite sostener el negocio económico del intendente y sus socios… o sea el kiosco.