El Banco de Alimentos de Mendoza alertó sobre un complejo escenario socioeconómico en la provincia, caracterizado por un incremento constante en la demanda de asistencia alimentaria que coincide con una marcada disminución en el volumen de las donaciones recibidas. 

Con el objetivo de revertir esta tendencia y asegurar el sostenimiento de sus programas de asistencia, la institución lanzó la campaña solidaria denominada "Manos a la Olla". Desde la entidad señalaron que, si bien los últimos indicadores macroeconómicos reflejan una desaceleración de la inflación, la realidad en los sectores más vulnerables continúa deteriorándose.

Actualmente, la organización trabaja de manera conjunta con 85 organizaciones sociales distribuidas en el territorio provincial, entre las que se encuentran merenderos, jardines maternales e iglesias que brindan un plato de comida a miles de mendocinos. Sin embargo, la capacidad de respuesta de la red se encuentra al límite y ya se contabilizan 19 instituciones comunitarias en lista de espera para poder incorporarse al sistema de asistencia. 

Los directivos de la entidad explicaron que el perfil de los solicitantes cambió y que cada vez son más las familias que recurren a estos espacios barriales ante la imposibilidad de cubrir la canasta básica.

La principal problemática que afronta la institución radica en el retroceso del stock de mercadería disponible para su distribución mensual, una situación que se profundizó de manera considerable durante los últimos meses, y que afectó de forma directa el funcionamiento diario de los comedores periféricos, muchos de los cuales debieron modificar sus frecuencias de atención. 

Por eso, las autoridades del Banco detallaron que algunas de estas entidades intermedias se vieron obligadas a reducir las raciones entregadas o, en los casos más críticos, a suspender totalmente sus actividades por la falta absoluta de insumos para encender las ollas.

Asimismo, desde la conducción del Banco de Alimentos expresaron su honda preocupación por el progresivo debilitamiento estructural que sufren las organizaciones sociales que operan como contención en los barrios más postergados. Según manifestaron, las entidades no solo carecen de recursos alimenticios, sino que también atraviesan severas dificultades económicas para mantener sus instalaciones abiertas y costear los gastos logísticos mínimos de funcionamiento.