La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza viene picando en punta con el llamado “silencio administrativo positivo”. Se trata de una figura y mecanismo legal que da por supuesto que si el Estado no responde en tiempo y forma a una solicitud, trámite o recurso en los plazos legales establecidos, los interesados y el sistema jurídico mismo admiten que la respuesta es favorable al ciudadano o entidad solicitante, aunque no haya respuesta explícita.

Si bien la iniciativa a nivel municipal ha partido de Ulpiano Suárez, un intendente de la Unión Cívica Radical (y hombre con el propósito intacto de competir por la próxima Gobernación), el tema replicó en el recinto de la Legislatura Provincial, cuando el senador peronista Félix González, elogió el sistema del alcalde capitalino en plena sesión, durante el tratamiento del proyecto de ley de Cornejo para agilizar y digitalizar el funcionamiento del Estado mendocino.

González responde al núcleo de la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, en la atomizada interna del justicialismo provincial. Pero fue concreto y enfático cuando citó como “un modelo para tener en cuenta” la resolución específica de Suárez ante la falta de respuesta de un organismo estatal para el trámite de habilitación de un negocio.

“Faltan acciones concretas”

El senador peronista anticipó categóricamente el apoyo de su bloque a la propuesta del oficialismo, que ya tiene media sanción, en la medida que no sea un simple papel que no especifique “ni siquiera sanciones ni fuentes de financiamiento”.

Como contrapartida, elogió la resolución municipal de Capital, que data de finales del año pasado y reza:  “Ante la falta de respuesta, transcurridas 24 horas hábiles de los plazos establecidos respecto de la primera presentación en Ventanilla Única de la página web del Municipio para dar la autorización, se dará por aceptada la petición y autorización precaria de financiamiento”.

“Queremos leyes que solucionen los problemas a la gente”, enfatizó González, palabras que cayeron más que bien en las oficinas de la Municipalidad de la Capital, desde donde tuvieron un entredicho con el mismísimo Federico Sturzenegger, cuando el funcionario nacional elogió una decisión de partido de Tres de Febrero como “revolucionaria”, en tanto eliminaba las autorizaciones municipales para instalar negocios. “A trabajar sin límites”, había posteado aquella vez Sturzenegger en su cuenta de X (Twitter).

Sin embargo, sin ánimo de polemizar pero sí de dejar las cosas en claro, Ulpiano retuiteó: “Desde noviembre de 2024, en la Ciudad de Mendoza, todos los comercios obtienen una habilitación provisoria en solo 24 horas hábiles, a través de un trámite 100% online simple y sin costo. Nos convertimos en la primera ciudad del país en aplicar el silencio administrativo positivo para habilitaciones comerciales. Desde entonces, ya son 200 los nuevos comercios que abrieron sus puertas en la Ciudad”

De acuerdo con la definición del Gobierno, el proyecto de ley para la creación e implementación del Sistema de Administración Pública Digital de Mendoza, presentado en febrero pasado, “busca dar respuesta a la creciente necesidad de digitalizar los procesos administrativos, garantizando mayor eficiencia, transparencia y accesibilidad en la prestación de servicios ciudadanos”.

Según los comunicados oficiales, “Mendoza ha sido pionera en la digitalización gubernamental con la implementación de soluciones innovadoras como el sistema de gestión documental electrónico (GDE), la plataforma de transporte público MendoTran y el sistema de gestión educativa Gestión Educativa Mendoza (GEM), entre otros”.

“Con esta nueva normativa, se busca profundizar la digitalización y optimizar la interoperabilidad entre organismos públicos”. Pero González exigió menos conceptos y más acciones concretas de la iniciativa, que en el Barrio Cívico han calificado como muy ambiciosa.

Esta semana, el Senado provincial aprobó por unanimidad la creación del Sistema de Administración Pública Digital y ahora debe volver a la Cámara de Diputados en revisión.