Esta semana, la atención de Mendoza estará puesta en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal N°2, donde Walter Bento, el otrora poderoso juez federal con competencia electoral, enfrenta el tramo final del juicio más escandaloso de la historia judicial local. 

El proceso llegó a la etapa de las últimas palabras, la antesala definitiva para un veredicto que el tribunal se dispone a dictar tras años de un debate que expuso una red de corrupción. 

Todo comenzó a desmoronarse en julio de 2020 con el secuestro y asesinato de Diego Aliaga, un exdespachante de aduanas que operaba como el nexo central entre los detenidos y el juzgado. 

El hallazgo del teléfono de un narcotraficante y la posterior apertura del dispositivo de Aliaga revelaron más de 220 comunicaciones y chats que sugerían una tarifa fija en dólares para otorgar libertades o beneficios procesales. 

En tal contexto, la fiscalía, liderada por Dante Vega, sostiene que Bento encabezaba una asociación ilícita junto a una estructura de abogados organizadores encargados de captar “clientes” en los pabellones de la cárcel federal, ofreciendo resoluciones favorables a cambio de coimas millonarias. 

El caso documentó no solo el cobro de sobornos, sino también un enriquecimiento ilícito que permitió a la familia Bento realizar más de 200 viajes a destinos de lujo como Miami, Orlando y Las Vegas, donde el exmagistrado se alojaba frecuentemente en el emblemático Caesars Palace. 

Esta lujosa vida, que incluía autos de alta gama y un patrimonio inmobiliario inexplicable, llevó también al banquillo a su esposa, Marta Boiza, y a sus hijos Nahuel y Luciano, acusados de lavado de activos. 

A pesar de las pruebas recolectadas, que incluyen testimonios de abogados arrepentidos como Martín Ríos y Matías Aramayo, Bento logró mantenerse en su cargo durante la instrucción, ejerciendo incluso como juez electoral en los comicios de 2023, hasta que el Jurado de Enjuiciamiento lo destituyó el 8 de noviembre de ese año por mal desempeño. 

Aquella misma tarde fue detenido y trasladado al penal de Luján de Cuyo, marcando el fin de su inmunidad y un paso fundamental para que el caso no quede impune.

Hoy, con un pedido de pena de 15 años de prisión sobre su cabeza y la absolución solicitada por la fiscalía únicamente para su hijo menor al considerarlo un instrumento de sus padres, el tribunal debe decidir si los 15 hechos de cohecho pasivo agravado y la jefatura de la asociación ilícita están plenamente probados. 

La sentencia no solo definirá el futuro de los 25 imputados, sino que pondrá a prueba la capacidad del sistema judicial de Mendoza para castigar la corrupción en su nivel más alto.