Raúl Pedone

Dante Vega trabaja como fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza N°1. Así las formas. Su nombre -decir “el fiscal Vega” es más sencillo y coloquial- ha aparecido con frecuencia en los medios y ha circulado en la sociedad, sobre todo por investigar asuntos que han conmovido profundamente a la provincia en los años recientes: los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar; la “Megacausa”, que condenó a tres jueces federales (Otilio Romano, Luis Miret y Evaristo Carrizo), por ser partícipes primarios de la represión, y el resonante caso del destituido y encarcelado ex juez Walter Bento.

De impecable traje y corbata, Vega conversa con Mendoza Today en su oficina de la calle Perú, a horas de conmemorarse el 50° aniversario del sangriento golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 (el Día de la Memoria) y de comenzar los alegatos por los crímenes y atrocidades cometidos en el llamado D2, el ex Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza.

Por un enorme ventanal, que va de pared a pared, se divisa el piedemonte, algunos cerros y la precordillera. Y además permite que ingrese mucha luz natural, tal vez toda la que hace falta para iluminar un poco más ese oscuro período de la historia argentina.

— Escribió libros y ahora refuerza su trabajo de defensa de los derechos humanos. ¿Cómo le cae el relato oficial actual, con un presidente y una vicepresidenta que muchas veces coquetean con el negacionismo?

 

— Este gobierno comenzó sosteniendo un discurso más reivindicacionista que negacionista de lo ocurrido en 1976, concretamente con el golpe militar y el accionar delictivo posterior. Según ese relato, ese accionar fue para combatir la subversión y normalizar el país. Toda esa línea discursiva que pretendió instalarse al comienzo de este gobierno sostenía que no hubo delitos sino excesos, o que aquí hubo una guerra. Pero por desavenencias entre el presidente y la vicepresidenta, fue diluyéndose hasta quedar reducido a cortos de video o reportajes pactados con personas que reivindicaban la dictadura, difundidos durante el 24 de marzo. Eso ocurrió en 2024 y 2025. Y parece que también va a diluirse. De acuerdo con lo que leí, es decisión del actual Ministerio de Justicia no difundir ningún corto ni mensaje así para el 50.º aniversario del golpe.

-¿Dice que esa postura, tan polémica, se debilitó?

-Por lo menos, es de esperar que no se emitan documentales ni spots que confundan a las personas reivindicando una actividad que ha sido considerada delictiva por los tribunales nacionales e internacionales. Aquí no hubo una guerra. Eso ya se decidió en la década del ‘80. No existieron excesos, sino delitos, y el terrorismo de Estado. Es un hecho incontrastable.

— Más allá de estos tropiezos, cree que la Argentina maduró, naturalizó o está justificando lo que pasó con la dictadura de los años ’70?

— Mi opinión es que se ha avanzado considerablemente. Argentina conoce su pasado, lo asume, lo lleva a los tribunales y somete a un juicio legal a sus responsables para determinar quiénes deben responder por determinados delitos. Ese fenómeno no se da en ningún otro lugar del mundo; se da aquí. Recientemente leí una encuesta donde la inmensa mayoría de la población repudia el golpe de Estado y considera repudiable lo ocurrido durante la última dictadura. Esto está instalado en amplios márgenes de la sociedad.

-A la luz de la causa del D2, que usted lleva adelante en Mendoza, todavía quedan cosas por hacer.

-Por supuesto, siempre se puede avanzar un paso más, y a eso me dedico. Pero lo que se ha hecho, lo que se hace y lo que se hará es formidable. Es un caso único en el mundo y hay que enorgullecerse de ello.

— Coincide en que el primer paso lo dio Raúl Alfonsín, con el Nunca Más.

— Sí. La respuesta de los Estados frente al terrorismo de Estado suele ser nula en la mayoría de los casos, o bien se establecen comisiones por la verdad de carácter administrativo o político que elaboran informes. La otra opción es la respuesta judicial: llevar a los responsables ante la justicia. Argentina es el único país del mundo que implementó ambas soluciones con el alcance que conocemos.

-Aquí tuvimos comisión y tuvimos juicio.

-Claro. El informe del Nunca Más es un ejemplo de cómo una comisión que se toma el trabajo en serio llega a conclusiones precisas en poco tiempo. Pero Argentina no se conformó con eso, sino que también llevó a juicio a los máximos responsables. El Juicio a las Juntas de 1985 es lo que nos ha hecho célebres en todo el mundo. Luego vino un largo periodo de impunidad hasta que en 2005, por decisión de los tres poderes del Estado, se reactivó la persecución penal. Por eso insisto en que somos un caso único al articular el informe por la verdad y la respuesta judicial.

— A propósito, ¿vio la película 1985? ¿Qué le pareció?

— Sí, la vi y me gustó mucho. La vi dos veces: una en el cine y otra en un ciclo de debates organizado por la Universidad de Mendoza. El film es encomiable. Aunque tiene una parte de ficción, hay que rescatar el hecho de poner el acento en el punto de vista del fiscal. Los fenómenos artísticos tienen mucha más difusión que los ensayos o la producción científica. Una película llega a miles de personas.

Dante Vega y el fiscal Strassera

-Es cierto. La película se enfoca más en el enorme trabajo del fiscal Julio César Strassera que en los actos represivos en sí.

-Como sea, debemos estar agradecidos de tener un film así para que la gente vea lo que se hizo judicialmente en este país en condiciones muy adversas. El juicio se celebró bajo amenazas y con un poder militar que no aceptaba ninguna revisión del pasado. Fue un acto de valentía enorme que el film logra transmitir.

— Los fiscales en la Argentina suelen tener sus minutos de fama (el mismo Strasser, Alberto Nisman,  Carlos Stornelli, Diego Luciani, entre muchos otros). En ese momento son una especie de “superman”.

— Mi caso es distinto. Yo desarrollé mi función en circunstancias diferentes a las de Strassera, quien llevó adelante el juicio más difícil de todos. Mi actuación comenzó en 2010 y he estado en más de 20 juicios. Una cosa es juzgar en 1985 con un contexto adverso y escasa información, y otra es hacerlo en 2010, cuando la información era abundante, aunque estuviera fragmentada.

-¿En qué se enfocó concretamente?

-Lo que nosotros hicimos fue unir esos fragmentos, determinar patrones de conducta y la actuación de los distintos grupos de tareas en el ámbito de Cuyo para que los tribunales tuvieran elementos para condenar a los responsables. En general, los tribunales han acompañado nuestros planteos y hemos logrado muchísimo.

-¿Por qué ahora y no antes?

-Este viernes comienzan los alegatos por el juicio del D-2, que fue el centro clandestino de detención más feroz de Mendoza y uno de los principales del oeste argentino. Esto está ocurriendo ahora porque para llevar a juicio a los miembros del D-2 tuvimos que trabajar mucho recolectando información de juicios anteriores y armando una acusación seria para que los tribunales emitan su fallo, como en cualquier proceso judicial.

— Hubo una ola desde 2010 y usted estuvo en juicios contra jueces federales de entonces. ¿Qué hizo que la actividad judicial cobrara fuerza de nuevo?

— Es propio de todo juicio, hay que aclararlo. Desde los primeros procesos en materia de lesa humanidad tras el fallo de la Corte en 2005, que permitió someter a juicio a los responsables, todo transita como cualquier causa. En todo juicio hay una discusión y el tribunal llega a una conclusión respecto de las distintas posturas. Los juicios por delitos de lesa humanidad no son distintos en su esquema, con la única salvedad de que las acciones penales no prescriben. Eso nos permite estar discutiendo hoy casos de 1974 o 1976 que, de otro modo, ya habrían prescrito.

— ¿Pero qué faltaba para el caso del D-2 llegara a juicio?

— Faltaba organizarnos. Estamos trabajando en esto desde 2016 recolectando información, que es muchísima. Es el único juicio donde tenemos más de 300 víctimas. Enfrentamos a un aparato organizado de poder formidable. Organizar la acusación nos llevó mucho tiempo y luego vino todo el trámite procesal hasta desembocar en el juicio. Esto fue de 2018 a 2023, con una pandemia de por medio. Ahora estamos elaborando las conclusiones, luego vendrá la defensa y finalmente la sentencia. Se juzga ahora porque logramos unir información de procesos anteriores. Antes surgían algunos efectivos del D-2 como responsables de operativos aislados- Ahora hemos focalizado en las funciones que cumplía el organismo, no solo como inteligencia antisubversiva, sino como centro clandestino de detención. Por eso iniciamos la instancia del alegato final.

 

-Usted rechaza la “teoría de los dos demonios”. Qué responde a quienes dicen que Firmenich, los Montoneros y otros grupos terroristas nunca fueron juzgados ni condenados.

-S bien yo aludo a una “asimetría” (que existió) la diferencia es mucho más profunda: frente al accionar subversivo siempre se puede oponer la ley y las instituciones, aún los consejos de guerra. Frente al terrorismo de Estado no hay respuesta posible. Respecto a los jefes guerrilleros, por más que exista un imperativo de justicia respecto de sus delitos, es imposible perseguirlos porque están desaparecidos y porque la acción penal derivada de sus delitos prescribió: el Estado se dedicó más a cazarlos que a llevarlos ante la justicia.

– En los años ’90, Menem otorgó una amnistía. ¿Piensa que fue una necesidad política del momento para privilegiar la convivencia social o fue un retroceso para la sociedad argentina?

-Los indultos de los noventa fue una medida injustificable, que no obedeció a necesidad alguna y que hizo retroceder a Argentina prácticamente hasta el comienzo del retorno democrático, pasando por encima del juicio a las juntas y de todo el esfuerzo de los organismos de derechos humanos y de la justicia por castigar a los responsables del terrorismo de Estado.

— Usted también ha tenido protagonismo en procesos contra jueces. ¿Qué se siente acusar a casi pares, a gente con la que tal vez alguna vez tomó un café o saludaba en los pasillos de los tribunales?

— Es que ésa es la posición que hay que tomar: la de objetividad frente a una responsabilidad. Cuando me tocó intervenir en casos que involucraban a magistrados, asumí ese temperamento. Es algo que corresponde hacer. Hay que dejar de lado lo personal y concentrarse en la función. Así lo hice en todos los procesos, tanto con los que conocía personalmente por el trabajo como con los que no. No es común llevar procesos penales contra magistrados, pero se toma la decisión y se avanza como si fuera un procedimiento más. Hay que obrar con naturalidad, independientemente de la investidura de los involucrados.

— Conversamos sobre los juicios de lesa humanidad. Pero en la calle lo reconocen por ser “el fiscal del caso Bento”

— Si, claro. Enfrentamos a una banda que no solo estaba organizada para cometer delitos, sino también para enfrentar el juicio. El principal imputado era Bento, y la estrategia de defensa de toda la banda fue atacarme a mí, sosteniendo que la causa era un invento mío por un encono personal. Todo falso, por supuesto. No hubo audiencia que no fuera perturbada por Bento, los miembros de la banda o sus abogados. Sin embargo, el juicio avanzó y se llegó a un veredicto. Lo que hoy importa es ese resultado. Todo lo anterior —las chicanas y los ataques— ya pasó. También pasará el nombre de los fiscales. Creo que la gente recordará el resultado final más allá de quiénes lo hicimos posible.

— En el juicio a Bento surgen dos ideas aparentemente enfrentadas. Por un lado, la confirmación de las sospechas de corrupción dentro del sistema judicial. Por el otro, una prueba de la Justicia tiene anticuerpos para combatirlas. ¿Cuál piensa que prevalece?

— Yo pongo el acento en la segunda parte. Este veredicto demostró que la Justicia es capaz de combatir la corrupción, aunque provenga de su interior. El escepticismo de la sociedad respecto a los jueces es una idea que hay que combatir. No podría existir un Poder Judicial manejado íntegramente de ese modo. Al contrario, lo integran personas probas que cumplen su función diariamente. Ese escepticismo se rectifica con actos concretos como éste, para que la sociedad vea cómo reacciona la institución frente a la corrupción.

— Los organismos de nombramiento y control de los jueces, como los Consejos de la Magistratura, son en principio sanos para la República. Hasta que la política mete la cola… ¿Cómo podemos perfeccionarlos?

— La idea del Consejo de la Magistratura es muy democrática y loable. La designación de un juez es un hecho político y, por lo tanto, debe involucrar al poder político. Lo que hace el Consejo es transparentar ese nombramiento. Siempre hay que estar a favor de estos institutos, del examen de antecedentes y de la oposición entre candidatos. Es un gran avance. No hace muchos años, tanto en el ámbito federal como en las provincias, los jueces se designaban por mera voluntad del Poder Ejecutivo. Hoy es un proceso más complejo, de mayor discusión democrática, y la sociedad está mucho más pendiente de quiénes son nombrados. En comparación con el retorno democrático, hoy la sociedad está atenta. Se conjugan ambos fenómenos.

La Justicia y la política

—Pero en la historia reciente, hay ejemplo de consejeros que responden directamente al PE.

—Cabe aclarar que los consejos no están integrados solo por políticos, sino por distintos estamentos: hay representantes de los jueces y de los abogados. Son decisiones plurales en las que la sociedad repara cada vez más, y está muy bien que así sea.

— Usted ha recibido, supongo, amenazas de todo tipo. ¿Cómo las toma?

— Respecto a las amenazas que recibí durante mi investigación en la causa contra Bento y su banda, esto motivó una denuncia de mi parte que concluyó días atrás con la condena del miembro de la organización que amenazaba con terminar con mi vida. Esto implicó una serie de medidas de protección que se adoptaron en aquel momento, en 2021, y que subsisten hasta la actualidad con distinta intensidad. Ya no utilizo chaleco antibalas, pero en su momento sí.

— ¿Usaba mucho el chaleco antibala?

— Sí, claro. Debía ponérmelo cada vez que salía de mi casa. Es una medida muy incómoda, igual que la custodia policial, que resulta muy invasiva para la intimidad. Pero es necesaria si a uno lo amenazan. Tiene un impacto emocional personal y también uno institucional: se está amenazando a un fiscal que investiga. El poder público toma medidas de protección y envía el mensaje de que esto no es tolerable en una sociedad democrática. Hay que tolerar esa invasión a la privacidad por un bien mayor. Con el tiempo, la implementación ha cambiado, pero la protección continúa. Hay que enfrentarlo como lo que es.

— Usted lo plantea con naturalidad, pero al margen de la valentía personal, hay otras personas que proteger: la familia, los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo.

— ¡Seguro! Pero eso forma parte del trabajo. En ciertas ocasiones, quienes cumplimos funciones como la mía tenemos que enfrentar este tipo de hechos. Somos testigos como sociedad de otros episodios de amenazas contra jueces y fiscales que obligan a recurrir a estas medidas. Es un tema agresivo porque uno no piensa solo en sí mismo, sino en su entorno. A cualquiera que le toque, le afecta de la misma manera.

— Como profesor y autor de libros, adhiere más a la idea de Santo Tomás, que se orientaba hacia la justicia o a la del positivismo de Hans Kelsen, según quien

— Nunca hay que renunciar al ideal de justicia, ocupe uno el lugar que ocupe. Si uno está en la administración de justicia, ese ideal define lo que hace y debe ser la guía para analizar el derecho positivo. Si nos quedamos en el puro positivismo, perdemos el norte. La ley debe ser una guía, no podemos apartarnos de ella, pero en su interpretación no debemos perder de vista la justicia material. Sé que es una discusión clásica, pero creo que esa puja entre seguir la ley aunque sea injusta es un problema que ya no se plantea con el dramatismo de la época del nacionalsocialismo. Nuestras leyes son democráticas y las que no lo eran han sido derogadas, pero nunca está de más interpretar la norma bajo ese ideal para intentar acercarnos lo más posible a la justicia.

— Si un legislador nacional le preguntara qué ley le gustaría cambiar, ¿qué respondería?

— Me gustaría cambiar el Código Penal. Y no necesariamente por el proyecto de ley que se está tratando, el cual no conozco en su totalidad. Creo que Argentina debe repensar y sancionar un código nuevo acorde a los tiempos que corren. El actual fue sancionado en 1921. Tiene grandes institutos, pero otros son discutibles o producto de sucesivos parches que deben redefinirse. Se lo dije al propio Borinsky cuando vino a Mendoza: es llamativo que las reformas más integrales del Código Penal en los últimos cien años fueron implementadas por gobiernos militares. Es la sociedad democrática la que debe reformar el Código Penal. Si me lo ofrecieran, me gustaría participar o al menos seguir el trabajo de las comisiones con mucha atención.

Dante Vega , durante una entrevista para un programa de la televisión mendocina. / Captura de TV

— ¿Qué posición tiene en el debate por la baja de la edad de imputabilidad?

— Sin ser un especialista en derecho penal juvenil, reconozco que el fenómeno de la delincuencia ha cambiado y hoy involucra cuestiones que deben ser atendidas. No sé si bajar la edad de imputabilidad llevará a una redefinición efectiva del tema. Lo que sí sé es que, si el Congreso aprueba esa ley, el Poder Judicial deberá aplicarla y allí se verá qué grado de efectividad tiene y qué repercusión real genera reducir esos dos años. Sobre todo, hay que ver qué respuesta seria le da la sociedad a la delincuencia juvenil, porque no puede ser solamente la criminalización. Con esa sola respuesta el problema seguirá vigente. Se necesita un abordaje integral.

—¿Han crecido los delitos de competencia federal?

— Sí, han crecido, sobre todo el delito vinculado con estupefacientes. Ha cambiado la modalidad. El problema que enfrentaba la sociedad con la venta de drogas en los años ‘90 no es el mismo que enfrenta ahora. La criminalidad es otra y la respuesta que se ensaya frente a ella también debe ser distinta. El narcotráfico es muy cambiante y exige una respuesta igual de ágil. Lo mismo ocurre con el contrabando: los método sactuales son mucho más sofisticados que los de hace 20 ó 30 años atrás, lo que existe mayor preparación para enfrentarlos.

—Mendoza tiene algo más que narcomenudeo, ¿verdad?

— Mendoza, al ser un paso fronterizo clave, presenta ambos fenómenos. El narcomenudeo está extendido en toda la sociedad, pero también existen delitos organizados alrededor de los estupefacientes. Esto no es nuevo, es algo que se mantiene desde los años noventa: conviven la distribución en pequeñas cantidades con el tráfico de grandes cargamentos. El año pasado, sin ir más lejos, la policía incautó una cantidad muy importante de droga. Ambos niveles están siempre presentes.

— ¿Tienen los elementos tecnológicos para hacerles frente?

— Los tiene. El problema es que en un paso fronterizo como el nuestro es imposible inspeccionar absolutamente cada vehículo, porque eso paralizaría el comercio y el tránsito de personas. Por ello, se mantiene una vigilancia activa y selectiva, tal como se hace en todas las fronteras del mundo. Contamos con los medios, aunque hay fiscales que se dedican a esto más específicamente que yo. Prefiero darles a ellos la palabra, porque tienen un conocimiento mucho más profundo de la materia.

— No quiero hacerlo pelear con sus colegas. Pero le pregunto: ¿Es cierto que hay muchos abogados en la provincia? ¿Cómo se mide eso? ¿Es una tasa por habitante?

— No conozco las estadísticas exactas. Cuando yo me recibí, en la década del ‘90, había muchos menos abogados y menos universidades. No tengo una noción clara de cuántos matriculados hay hoy ni de cómo impacta esa cantidad en el mercado laboral o en la labor de los tribunales. Además, en esta jurisdicción federal no litigan todos los abogados matriculados. Aunque doy clases, no estoy tan en contacto con los profesionales jóvenes como para conocer los problemas específicos que enfrentan al iniciar su carrera.

— Hablemos de los estudiantes de derecho entonces. ¿Cuál es el consejo o la guía principal que les da a sus alumnos?

— Estudiar. Estudiar y tratar de interesarse genuinamente por lo que uno hace. Ser curioso y no quedarse con las respuestas dadas. Indagar en los libros y en las fuentes de información. No hay que conformarse con respuestas “enlatadas” ni creer que la inteligencia artificial brindará todas las soluciones. La inteligencia artificial es una herramienta que puede ser útil en ciertos casos, pero nunca reemplazará la curiosidad humana por el saber. A los abogados que mejor les va —y no hablo de enriquecerse, sino de disfrutar la profesión— es a los que buscan el conocimiento.

— A propósito de la inteligencia artificial. ¿Vio que si se le dan los elementos necesarios de un caso (leyes vigente, pericias, testimonios, jurisprudencia, legislación comparada), puede elaborar un fallo en tiempo récord?

—Si, pero le falta el factor humano. Podrá analizar diez fallos iguales en fracciones de segundo y elaborar un dictamen, una demanda o un reclamo basado en doctrina y jurisprudencia similar, pero el factor humano es irremplazable, especialmente en la abogacía y en la administración de justicia. Quizás en otras ramas del saber donde el trabajo es más mecánico sea distinto, pero en el derecho y en la medicina el factor humano es fundamental.