En medio de la causa por violencia de género que tiene complicado judicialmente a Marcelo D' Agostino, salió a la luz una denuncia de la querella que deja en una posición sumamente incómoda al fiscal jefe Alejandro Iturbide.

El denunciante asegura que Iturbide mantiene una relación laboral con el abogado Daniel Sosa Arditi, representante del ex funcionario 'cornejista'. 

En la presentación, aseguran que Iturbide y Sosa Arditi son compañeros en el ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo. Es más, indicaron que hay una relación de jerarquía entre los mencionados.

"Dentro de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, el fiscal que debe investigar al imputado es el subordinado del abogado que lo defiende", se lee en el planteo que la querella presentó ante el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Los representantes de la supuesta víctima, indicaron que esta situación habría incidido en algunas decisiones procesales, las cuales beneficiaron a D' Agostino y perjudicaron a su clienta. 

Según consta en la documentación recientemente presentada, Sosa Arditi es profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la casa de altos estudios, al tiempo que Alejandro Iturbide se desempeña como jefe de trabajos prácticos. Los denunciantes precisaron que los mencionados realizan en conjunto actividades académicas desde el año 2010, e inclusive diagraman entre los dos la planificación de la materia que dictan y ambos firman las actas de examen.

En la presentación señalaron que Iturbide nunca transparentó está relación,  ni mucho menos corrió de la investigación. 

Por otra parte, recordaron antecedentes que se dieron dentro del Ministerio Público, donde funcionarios se apartaron por relaciones más distantes con personas involucradas en causas judiciales.

En la ampliación de denuncia también destacaron algunas aparentes irregularidades en la instrucción. Entre estas, resaltaron la falta de allanamientos, al igual que la inexistencia del secuestro y peritaje telefónico del imputado, la nula investigación de los hechos denunciados y el escaso avance con respecto al aparente abuso sexual.

Más adelante, los querellantes consideraron que la pesquisa se centró en la denunciante y no en el ex funcionario.

Además, pidieron que se profundice la investigación respecto de la utilización de un correo institucional del Poder Judicial en actividades educativas compartidas por Iturbe y Sosa Arditi.

Por último, solicitaron que sean removidos los fiscales que intervienen en el expediente, y se revisen exhaustivamente las medidas implementadas y que la causa vuelva a ser tramitada con perspectiva de género, tal cual estipula la legislación vigente.