La causa judicial contra el exsubsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino, sumó un nuevo capítulo marcado por denuncias cruzadas, cuestionamientos al accionar judicial y una escalada internacional del conflicto.

Mientras la defensa del exfuncionario pidió investigar a su expareja por presunta extorsión y falsa denuncia, la querella presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al considerar que en Mendoza no existen garantías de imparcialidad.

D’Agostino está imputado por coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego, en una causa donde además enfrenta denuncias por presunto abuso sexual. Ahora, sus abogados solicitaron abrir una investigación paralela contra la denunciante por tentativa de extorsión, falso testimonio y falsa denuncia.

La ofensiva judicial de la defensa se apoya principalmente en un audio incorporado al expediente por la propia denunciante y en la declaración de un testigo cercano a ella. Según los abogados de D’Agostino, allí surgirían referencias a un supuesto pedido de 500 mil dólares para evitar que avanzara la denuncia.

Con esos elementos, los defensores sostuvieron que la acusación contra el exfuncionario habría sido utilizada como “mecanismo de presión” para obtener un beneficio económico. También pidieron investigar si hubo falso testimonio en algunas declaraciones incorporadas al expediente.

La querella rechazó de plano esa interpretación y aseguró que la hipótesis defensiva se basa en una “lectura fragmentaria y errónea” del audio. La abogada María Elena Quintero afirmó que el registro “no contiene exigencia económica ni amenaza atribuible a la denunciante” y sostuvo que, por el contrario, expone posibles referencias del propio D’Agostino a contactos políticos y judiciales.

“Grave asimetría de poder”

En paralelo, la representación de la denunciante decidió llevar el caso al plano internacional. En la presentación realizada ante la CIDH, Quintero denunció una “grave asimetría de poder” y cuestionó la imparcialidad del sistema judicial mendocino por los vínculos políticos e institucionales que el exfuncionario mantuvo durante años.

Otro de los puntos que elevó la tensión fue el sorteo de la jueza de garantías Eleonora Arenas, señalada por la querella por una supuesta relación de amistad con D’Agostino. Ese dato fue incorporado en la presentación internacional como parte de los argumentos sobre una eventual falta de garantías.

Desde que se inició la causa, el pasado 10 de abril, la querella viene denunciando un trato diferencial hacia el exsubsecretario. Hasta ahora, la fiscalía no avanzó con imputaciones por abuso sexual ni hizo lugar al pedido de detención solicitado por la denunciante por supuesto entorpecimiento de la investigación e intimidación a testigos.