La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recurrió este lunes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar frenar el decomiso de los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia, en el marco de la causa Vialidad.

Mediante un recurso de queja, la ex mandataria busca frenar lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2.

La propuesta fue impulsada a fin de evitar que la Justicia decomise 19 propiedades transferidas, tanto por el ex presidente Néstor Kirchner como por la exmandataria a sus hijos en la provincia de Santa Cruz.

La defensa de la ex mandararia sostuvo que con la decisión del TOF "se habilitó que esta sanción recaiga ya no sobre los instrumentos, el producto o el provecho del delito, sino sobre activos de origen lícito y dispensando a la parte acusadora de acreditar la vinculación directa entre los bienes, cuyo desapoderamiento se postula, y el hecho enjuiciado".

Y rechazó puntualmente el decomiso de 10 departamentos y 2 casas ubicados en Río Gallegos, además de una serie de terrenos en Lago Argentino, también en la Santa Cruz.

Señalaron que las propiedades "fueron adquiridas por sus progenitores a título oneroso (no por medio de liberalidades) con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas".

El TOF 2 avaló lo solicitado previamente por la fiscalía, e incluyó esos bienes en el listado de activos a recuperar porque "fueron adquiridos por las personas condenadas, dentro del período temporal delimitado por el Tribunal".

A fines del mes pasado, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso y reafirmó el criterio de que "los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados".

"El decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria", precisaron los magistrados en ese entonces. 

En aquel entonces, la defensa de CFK también enfatizó en que Máximo y Florencia no fueron condenados en la causa, por lo que sus viviendas no deberían ser incluidas entre los bienes a decomisar.

Y sostuvieron que la medida implica "una lesión al derecho de propiedad" y una vulneración de "los principios de inocencia y debido proceso".

En el recurso de queja presentado horas atrás, los letrados de la expresidenta destacaron que el Ministerio Público Fiscal sostiene la facultad de identificar nuevos bienes que satisfagan las condiciones fijadas para el recupero.

La Corte Suprema deberá decidir ahora si hace lugar al planteo y revisa el alcance del decomiso dispuesto por las instancias inferiores.