Mendoza enfrenta un gran problema en medio de una agenda marcada por la austeridad en donde la parálisis administrativa amenaza la eficiencia del Poder Judicial de la provincia.

Se trata de una suerte de acefalía judicial que augura fuertes encontronazos entre la Casa de Gobierno de Mendoza y la Legislatura provincial, con cruces entre el oficialismo y la oposición.

Cabe destacar que el sistema judicial de la provincia funciona hoy con una gran cantidad de juzgados de primera instancia y fiscalías vacantes, una situación que el propio gobernador Alfredo Cornejo intenta gestionar pero con un estricto control presupuestario

No obstante, desde la oposición denuncian que la demora en el envío de pliegos al Senado provincial responde a una maniobra para dilatar nombramientos en fueros sensibles, tales como el Laboral y el de Familia, donde la acumulación de causas se hizo más evidente.

Este hecho se da en paralelo a una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal que, entre otras cuestiones, busca implementar audiencias vespertinas para reducir el stock de causas acumuladas. 

Si bien el Ejecutivo provincial impulsa esta extensión horaria como una solución a la lentitud del sistema, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, encabezada por Dalmiro Garay, condicionó el éxito de la medida a la asignación de partidas presupuestarias específicas para personal de apoyo. 

Básicamente, el conflicto se cierne en que el Gobierno busca tener una justicia más productiva con los recursos existentes mientras que desde el organismo de justicia más alto de la provincia advierten que el presupuesto existente deriva directamente en la falta de jueces y secretarios judiciales.

Desde el punto de vista ciudadano, esta parálisis afecta por juicios de alimentos e indemnizaciones por accidentes laborales que sufren demoras extraordinarias, algo que ocurre básicamente porque un mismo magistrado debe subrogar múltiples despachos simultáneamente. 

El dato duro indica que se estima que al rededor de 1 de cada 3 de estas oficinas no cuentan con un titular designado y funcionan mediante un extenuante sistema de subrogancias, un hecho que produce demoras en los procesos judiciales como pasa en el fuero laboral, donde se los atrasos extendieron un 35%. 

Es un tema delicado que la oposición no dejará pasar de largo de cara a las elecciones municipales de medio término que se celebrarán el próximo 22 de febrero.

“La gente siente la falta de justicia en la calle, en la inseguridad”, sostuvo una fuente del peronismo provincial en diálogo con Diario Mendoza Today. “Vamos a llevar este debate”, añadió en relación con los mencionados comicios.

Lo cierto es que, según pudo saber este medio, el oficialismo intentará resolver la situación a través de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Legislatura mendocina en el corto plazo.

La intención es solucionar una deuda con la Justicia e intentar que este punto no complique al cornejismo en las elecciones que se realizarán en los departamentos de San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.