La vitivinicultura argentina atraviesa una nueva tormenta interna. COVIAR, la entidad que se autodefine como promotora del desarrollo sectorial, oficializó un aumento del 45% en las contribuciones obligatorias que deben pagar las bodegas. La medida, publicada días atrás en el Boletín Oficial, desató una ola de rechazos y dejó al descubierto que siguen intactas las fracturas políticas y empresariales.

El ajuste fue definido por el Directorio de Coviar para el ejercicio 2025, amparado en el artículo 10 de la Ley 25.849. “Aunque el índice técnico sugería un incremento del 71,4%, se optó por aplicar un 45%, supuestamente “atenuado” por el contexto económico”, aseguran sus directivos. Pero para muchas bodegas, ese alivio es apenas cosmético.

Bodegas de Argentina, la cámara que nuclea a más de 200 empresas del sector, emitió un comunicado lapidario: “Rechazamos absolutamente esta resolución. Coviar no tiene competencias para cobrar, menos aún incrementar, alícuotas que expiraron con el plan PEVI 2020”. El documento también denuncia coerción: las bodegas siguen obligadas a pagar bajo amenaza de inmovilización por parte del INV.

El Gobierno de San Juan fue aún más contundente. El ministro Gustavo Fernández calificó la medida como “unilateral, sin consenso y atentatoria contra la competitividad del sector”. San Juan se sumó así al rechazo de bodegueros de Mendoza, del Instituto Nacional de Vitivinicultura y de la Secretaría de Agricultura de la Nación.

En contraste, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, optó por un tono tibio. Si bien expresó “preocupación” y pidió consenso, evitó confrontar directamente con Coviar. Su postura fue interpretada por muchos como una señal de alineamiento institucional más que de defensa sectorial.

En medio del fuego cruzado, el dirigente mendocino Mario Vadillo salió al cruce: “Coviar se ha convertido en una estructura burocrática que vive de aportes compulsivos. No representa a los productores, sino a intereses corporativos que se blindan detrás de una legalidad vencida”.

¿Qué es Coviar? Fundada en 2004, la Corporación Vitivinícola Argentina es una entidad de derecho público no estatal. Su directorio está compuesto por 18 miembros: 13 del sector privado, 3 del sector público provincial y 2 del nacional. Su misión es ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI). Primero el que expiró en 2020; ahora, el que se aplicará hasta 2030.

El presupuesto de Coviar para la temporada 2024/2025 asciende a $1.725 millones, equivalentes a unos USD 1,6 millones. Según sus propios cálculos, representa apenas el 0,047% del total comercializado por la vitivinicultura argentina. Pero ese porcentaje se financia exclusivamente con aportes privados obligatorios.

Los fondos se distribuyen entre unidades ejecutoras como Wines of Argentina (WofA), el Fondo Vitivinícola, la Cámara de Vinos a Granel y otras. Coviar no ejecuta directamente el dinero, sino que lo canaliza a través de estas entidades, lo que complica el control y la trazabilidad del gasto.

El nuevo esquema de contribuciones establece montos diferenciados por producto: $0,847 por litro de vino elaborado, $1,171 por litro de varietales fraccionados, y hasta $4,38 por litro de mosto concentrado. También se grava la uva fresca procesada con $0,702 por kilo.

Para muchas bodegas, estos valores son insostenibles. En un contexto de caída del consumo, baja rentabilidad y sobrestock, el aumento representa unasuerte de carga fiscal injustificada. “No podemos seguir financiando estructuras que no rinden cuentas ni generan impacto real”, denuncian desde el sector.

La COVIAR y San Juan

La Cámara Vitivinícola de San Juan, que forma parte de Coviar, envió una nota formal solicitando la suspensión del aumento. Argumentó que los precios de la materia prima y los productos elaborados han sufrido un deterioro interanual, y que la medida pone en riesgo la continuidad de la actividad.

El rechazo no es solo económico, sino político. El proyecto de ley presentado por el diputado Damián Arabia para eliminar Coviar sigue en pausa, pero suma apoyos. La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, y el Consejo Empresario Mendocino ya se pronunciaron a favor de su disolución.

En defensa propia, Coviar argumenta que el aporte es “una inversión en promoción y desarrollo”. Su presidente, Mario González, aseguró que el presupuesto equivale al de una finca mediana y que el Estado no aporta ni un centavo. Pero esa defensa no convence a quienes cuestionan la legitimidad del cobro.

El Observatorio Vitivinícola, que depende de Coviar, justificó el aumento en base a un índice de precios ponderados. Sin embargo, el propio Directorio decidió aplicar un porcentaje menor, lo que revela que el criterio técnico fue subordinado a decisiones políticas internas.

El INV, que representa al Gobierno nacional en el Directorio, votó en contra del aumento y dejó constancia en el acta. La Secretaría de Agricultura también expresó su desacuerdo y anunció que tomará medidas para frenar la suba.

Mientras tanto, las bodegas siguen pagando. La ley 25.849 no contempla mecanismos de objeción ni alternativas de asociación voluntaria. El sistema es compulsivo, y cualquier mora puede paralizar la actividad comercial de una empresa.

En este escenario, la pregunta que sobrevuela es: ¿quién controla a Coviar? ¿Quién audita sus gastos, sus resultados, su representatividad? ¿Por qué sigue vigente una ley que obliga a financiar una estructura que muchos consideran obsoleta?

La polémica por el aumento de cuotas no es solo una disputa contable. Es el síntoma de una crisis más profunda: las dudas sobre su legitimidad institucional, la desconexión entre las entidades rectoras y los actores productivos, y la urgencia de reformar el modelo de gobernanza vitivinícola.