En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal de la Nación emitió un dictamen en el que determinó que la Justicia federal no tiene competencia para intervenir en la investigación de un convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Gobierno de Mendoza, dejando la causa en manos de la justicia provincial.

La decisión responde a una denuncia presentada la semana pasada por la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti contra el gobernador Alfredo Cornejo. La legisladora había acusado al mandatario mendocino por una presunta malversación de fondos públicos y otras posibles irregularidades vinculadas al acuerdo, firmado el 14 de mayo de este año y aprobado por la ley provincial 9640.

Según la presentación judicial, el convenio implicaría que la provincia asumió con fondos propios obligaciones que, en realidad, corresponderían a la Nación, lo que podría configurar una administración fraudulenta o malversación de caudales públicos.

No obstante, la fiscal federal Patricia Santoni consideró que los hechos denunciados no afectan el patrimonio del Estado nacional ni comprometen a funcionarios federales en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, descartó la competencia de la Justicia federal y ordenó el pase de la causa al ámbito provincial.

“El fuero federal es de carácter excepcional y solo interviene cuando lo establece de forma expresa la Constitución Nacional”, argumentó el dictamen. En esa línea, remarcó que lo denunciado debe ser investigado por los tribunales ordinarios de Mendoza.

La denuncia fue girada a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de la provincia, que quedará ahora a cargo de determinar si hubo delito en la firma y ejecución del convenio.