La situación judicial de Facundo Leal, expresidente de la empresa estatal ARSAT y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), sumó este viernes un nuevo capítulo. La Justicia Federal de San Isidro lo citó a declaración indagatoria en una causa por presunta corrupción vinculada a contrataciones dentro de ARSAT, mientras que en paralelo fue procesado con prisión preventiva por la droga hallada durante allanamientos realizados en sus propiedades.

Según fuentes judiciales, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli convocó a Leal y a otras diez personas para que declaren a fines de junio por presuntos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude contra la administración pública.

La investigación se centra en la contratación de la empresa Argentina Logistic Services (ALS), que habría obtenido de manera irregular un contrato para almacenar materiales del proyecto Shelter-2 de ARSAT. Los investigadores sospechan que existió una maniobra para evitar una licitación pública y favorecer a la firma mediante una contratación directa.

La causa tomó impulso tras el robo de cables de fibra óptica detectado en un depósito contratado por ARSAT en 2024. Durante la investigación surgieron indicios de presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio y conversaciones encontradas en teléfonos celulares de ex directivos de la empresa estatal.

Mientras avanza esa investigación, Leal continuará detenido por otro expediente. El juez lo procesó con prisión preventiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización luego de que durante los allanamientos se encontraran distintas drogas en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Entre los elementos secuestrados había ketamina, MDMA en cristales y pastillas, cocaína, cannabis y diversos elementos vinculados al consumo de estupefacientes. Aunque Leal aseguró que las sustancias eran para consumo personal y presentó informes médicos que acreditan adicciones, la Justicia consideró que la cantidad hallada podría estar destinada a la comercialización.

Durante los mismos procedimientos también fueron encontrados 2,4 millones de dólares en efectivo, monedas extranjeras y una serie de equipos que inicialmente despertaron sospechas sobre posibles actividades de espionaje.

Sin embargo, un peritaje realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) concluyó que los dispositivos no fueron utilizados para realizar tareas de inteligencia ilegal y que no contenían información relevante para otras causas judiciales.

A raíz del hallazgo del dinero, la Justicia también busca determinar el origen de los fondos y reconstruir la evolución patrimonial del ex funcionario. Para ello ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Leal y solicitar información a organismos como la Oficina Anticorrupción y el Banco Central.

Como parte de estas medidas, el magistrado dispuso además la inhibición y el embargo de bienes de todos los imputados, incluidas las propiedades allanadas del ex titular de ARSAT.

La situación judicial de Leal no termina allí. Esta semana también fue imputado en una investigación impulsada por el fiscal federal Ramiro González por presuntas irregularidades durante su gestión al frente del ORSNA.

La denuncia fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien sostuvo que existiría un supuesto esquema de cobro de comisiones ilegales vinculado a contrataciones de obras públicas. La investigación recién se encuentra en una etapa preliminar y la Fiscalía ya solicitó información patrimonial de funcionarios y empresas mencionadas en la presentación.

De esta manera, Leal enfrenta actualmente tres frentes judiciales: una causa por presunta corrupción en ARSAT, un procesamiento por la droga encontrada durante los allanamientos y una nueva investigación vinculada a su paso por el organismo que regula los aeropuertos del país.