Nicolás Sanz

El panorama electoral transita unos momentos de discusión en referencia a las modificaciones que plantea el Gobierno del presidente Javier Milei, apoyado por un lado y rechazado por el otro.

El debate sobre las reformas, que tiene como eje principal la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), va más allá de una discusión referida al ahorro de dinero público y pone en el centro de la escena la pulseada por el control del aparato electoral.

Luego de la experiencia surgida de las elecciones legislativas de octubre pasado, donde la suspensión de las PASO obligó a los frentes a ordenarse internamente, el Gobierno intenta dar un golpe a ese sistema que, ciertamente, desde su implementación durante la presidencia de Cristina Kirchner, sólo sirvió como una encuesta nacional financiada con fondos públicos.

Llama la atención que sectores de la oposición, que en el pasado renegaban del costo del Estado, hoy se rasguen las vestiduras en defensa de las primarias temiendo que la desaparición de este sistema los deje huérfanos de una estructura de ordenamiento interno.

La realidad es que sin el auxilio del dinero público para imprimir boletas y organizar comicios puertas adentro, muchos sellos partidarios están destinados a la extinción en el corto o mediano plazo.

En definitiva, eso es lo que, a priori, pone en evidencia la desesperación de los dueños de los partidos políticos, ya que proyecto oficial propone una depuración del padrón electoral elevando los pisos de representatividad. O ese es uno de los argumentos del relato oficialista.

Es decir, no se trata solo de austeridad, sino de transparencia, la misma que se empezó a vislumbrar con la implementación de la Boleta Única de Papel, un sistema que ya demostró en octubre pasado que se puede votar sin el fantasma del robo de boletas y sin la necesidad de ejércitos de fiscales pagos en cada escuela.

Sin embargo, hay otra visión, un poco más crítica al respecto, y refiere a que la implementación de este sistema favorecería los liderazgos políticos y allí es donde entra el propio oficialismo.

Al quitarle al ciudadano la capacidad de incidir en las internas de los frentes, la lapicera vuelve a quedar en manos de unos pocos iluminados que se encargan de las estrategias, el armado de listas, las alianzas, etcétera.

Esta línea crítica sostiene que es un riesgo en toda reforma profunda que, con el fundamento de ganar eficiencia y ahorrar dinero público, lo que se termina es perdiendo un sistema democrático.

Para resumirlo, el Gobierno busca reformar el acto electoral en un contexto donde en Argentina, cambiar las reglas del juego, es el deporte favorito de los oficialismos de turno, lo que genera cierto escepticismo, aunque el argumento de austeridad tiene una lógica difícil de refutar desde el sentido común.