La diputada mendocina Lourdes Arrieta denunció penalmente al ex ministro de Defensa, y actual legislador nacional, Luis Petri.

Arrieta apuntó contra el mendocino por supuestas irregularidades en la administración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), ya que dicha entidad dependió del mendocino durante su reciente paso por el Ministerio de Defensa de la Nación.

En la denuncia, radicada ante la Justicia Federal, la legisladora mendocina pretende que se investiguen los posibles delitos de administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, abandono de persona e incumplimiento de deberes de funcionario público.

De acuerdo a la presentación, durante el paso de Petri por Defensa, dicho organismo habría pasado de tener superávit y reservas, a un complejo presente marcado por endeudamientos crecientes y una crisis estructural notoria. 

Según Arrieta, esta situación derivó en el corte de prestaciones, demoras en pagos y reintegros; recisión de convenios y la suspensión de servicios por parte de prestadores.

Y, como si lo mencionado fuera poco, Arrieta advirtió sobre el faltante de provisión de insulina, demoras en medicamentos esenciales para enfermedades crónicas e interrupciones en tratamientos oncológicos.

“La interrupción de estos tratamientos no es un problema administrativo: pone en riesgo la vida de los pacientes”, expuso la diputada en el escrito, según consignó el sitio Real Politik.

Incluso hizo referencia a casos en los que la suspensión de tratamientos habría provocado agravamiento de enfermedades y consecuencias irreversibles, por lo que incluyó el agravante de la figura penal de abandono de persona.

Por otra parte, la representante de Provincias Unidos apuntó contra un supuesto préstamo de casi 40 millones de pesos otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera (IAF).

Según el documento que llegó a la Justicia, los fondos deberían haber sido utilizados para modernización hospitalaria y sistemas informáticos, pero no hay claridad sobre su aplicación concreta.

La denuncia también hace referencia a suculentos contratos con droguerías y proveedores privados; inconsistencias entre esos gastos y el faltante de medicamentos, como así también posibles irregularidades en la administración de recursos.

Además, alerta sobre que en diferentes instancias de investigación habrían existido dificultades para acceder a documentación clave, lo que alimentó sospechas en cuanto al manejo de la información.

Entre las medidas requeridas a la Justicia, Arrieta incluyó: informes financieros completos del organismo; detalle de deudas con prestadores; contratos con proveedores; documentación del préstamo del IAF; citación de afiliados, prestadores y representantes sindicales.