Un día como hoy, pero en 2012, la entonces presidenta Cristina Kirchner decidió enviar un proyecto de ley al Congreso para expropiar el 51% del patrimonio de YPF, correspondiente a las acciones que pertenecían a la española Repsol, quien compartía la mayoría del paque accionario junto grupo empresario argentino de la familia Eskenazi.

La iniciativa tenía previsto que, de las acciones expropiadas, el 51 por ciento quede en poder del Estado nacional y el 49 por ciento restante en las provincias productoras de hidrocarburos. Además, Cristina declaró “de interés público nacional” la actividad de hidrocarburos del territorio de la República Argentina.

El proyecto, denominado “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”, sostenía que “el objetivo prioritario es el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos”.

La expresidenta designó como interventores de la empresa petrolera al entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y al entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof.

La iniciativa del Gobierno, remitida al Congreso, proponía, además de la expropiación de la mayoría de las acciones en manos de la española Repsol, la remoción de los directores y de los síndicos, titulares y suplentes, de la petrolera.

En el marco de la iniciativa, presentada en un acto en la Casa Rosada, se aclaró que YPF seguiría funcionando en “sociedad anónima abierta” y se remarcó que la expropiación se realizaba bajo el justificativo de “interés público” de la riqueza hidrocarburífera del territorio nacional.

Luego, la propuesta se convirtió en ley, y el 51% de las acciones expropiadas pasaron a manos del Estado nacional, mientras el restante quedó bajo la administración de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI), que integran las provincias con producción petrolera.

El anuncio de la expropiación de YPF se produjo tras cuatro meses de presiones del Gobierno argentino a la empresa, a la que acusó de una caída en la producción por falta de inversiones.