La fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi imputó formalmente al empresario nocturno Ricardo “Tito” Bustos en el marco de una investigación por presuntas maniobras fraudulentas con el histórico inmueble donde funcionó el boliche Treinta y Pico.

El conocido referente de la noche mendocina y creador de la Vendimia Gay resultó acusado por los delitos de administración fraudulenta en concurso real con falsedad ideológica, luego de que el fiscal en jefe Alejandro Iturbide avalara el planteo de la querella. El sospechoso compareció ante las autoridades judiciales la semana pasada, donde fue notificado y optó por abstenerse de declarar.

Durante el acto procesal, Bustos solicitó además una autorización judicial para salir del país por un lapso de tres meses, pedido que encontró la inmediata oposición de la querella representada por el abogado Lucas Colucci. La hipótesis de la instrucción penal sostiene que la maniobra delictiva consistió en la venta irregular del único activo relevante de la sociedad anónima Proyecto Omega, un codiciado inmueble ubicado sobre la calle Rioja que había sido adquirido en el año 2006 para la explotación comercial de locales bailables.

La hipótesis fiscal detalló que la firma estuvo integrada originalmente por Bustos, Sandra Mabel Miranda y Ángel Ramón Silicato, correspondiéndole a cada uno un tercio de las acciones. Luego de absorber la porción de Silicato, el imputado intentó comprar la parte de Miranda, pero la mujer rechazó la oferta económica por considerarla muy inferior al valor real de mercado. Ante esta negativa, el empresario avanzó de todos modos con la confección de actas societarias presuntamente falsas que simulaban decisiones que la socia nunca aprobó ni firmó.

La acusación determinó que en junio del año 2022 Bustos concretó la venta del histórico inmueble a otra firma comercial por una suma de 18,5 millones de pesos, una cifra llamativamente baja para los investigadores. La operación inmobiliaria se realizó de espaldas a la socia minoritaria y omitió deliberadamente la convocatoria a una asamblea extraordinaria de accionistas, requisito obligatorio por ley al tratarse de la liquidación del principal y único patrimonio de la sociedad anónima.

Por estos motivos, la fiscal Muscianisi encuadró el accionar del empresario bajo la figura de administración fraudulenta, debido al perjuicio económico directo ocasionado a los bienes de la empresa, en concurso con falsedad ideológica por la inserción de datos falsos en los instrumentos públicos y privados utilizados para perfeccionar la transferencia del predio.

Ahora, el Ministerio Público Fiscal deberá definir la situación del acusado y resolver si hace lugar al pedido de salida del país solicitado por su defensa.