La persistencia de un sector del peronismo en sostener el relato de una supuesta proscripción y en exigir la libertad de Cristina Kirchner no es más que un show que exhibe la desconexión política de las preocupaciones reales de los ciudadanos de a pie. 

Resulta alarmante observar cómo una fuerza política nacida y ligada históricamente a las demandas de los sectores populares hoy decide inmolar su agenda con la defensa corporativa de la ex presidenta. 

El despliegue de movilizaciones, comunicados y declaraciones destinadas a presionar al Poder Judicial expone un profundo desprecio por las instituciones y por el principio básico de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. 

En tal sentido, el intento de transformar una condena por corrupción en una gesta heroica de persecución ideológica es una maniobra absurda e, incluso, perjudicial para la propia sociedad.

El problema que tiene el planteo del Lawfare que esgrimen los defensores de la condenada es que la Causa Vialidad recorrió todas y cada una de las instancias de apelación, recibiendo la ratificación de 14 jueces. 

En este punto, sostener la existencia de un complot universal que abarca a jueces de diversas trayectorias, procedencias y signos políticos es un argumento que carece de todo sustento y que solo busca eludir la rendición de cuentas ante delitos contra la administración pública, es decir, los propios ciudadanos contribuyentes. 

Pero además de intentar limar la división de poderes y perjudicar directamente a la sociedad, este tipo de actitudes produce un daño severo en el tejido social teniendo en cuenta que no hace más que alimentar la polarización y la división de los propios ciudadanos.

Como si fuera poco, también pone en un segundo plano las necesidades reales ya que mientras una parte de la dirigencia gasta capital político en defender a Cristina Kirchner, es la propia gente la que asiste a un debate esteril e inútil para la vida cotidiana.

En tal contexto, la obsesión con los expedientes judiciales genera una brecha entre las preocupaciones de la clase gobernante y las urgencias de los trabajadores, quienes en la mayoría de los casos tienen problemas reales para llegar a fin de mes o ven cómo la inseguridad regala crímenes y muertos todos los días.

Al colocar la libertad de CFK como el centro de la plataforma, el peronismo termina en todo caso de abdicar de su rol histórico de representar a las masas populares ofreciendo un melodrama partidario que ni paga las cuentas ni devuelve la seguridad a las calles.

En otras palabras, la persistencia en este camino solo confirma la decadencia de una propuesta política que prefiere priorizar los privilegios por encima de los problemas reales de la sociedad.