Por estas horas, el Juzgado Federal de San Isidro avanza con firmeza sobre un entramado criminal bautizado como la “banda de los mendocinos”, respondiendo al origen del núcleo duro de ex funcionarios que de allí provienen y lograron, con eficiencia, colonizar áreas de telecomunicaciones, transporte e infraestructura vial, sobreviviendo, en casos, los cambios de Gobierno.

La investigación penal, liderada por el juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, se inició principalmente por el saqueo de contenedores con equipamiento tecnológico de altísimo valor pertenecientes a la firma estatal ARSAT que estaban resguardados en un predio de San Fernando, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. 

Sin embargo, ese caso quedó reducido al mínimo luego de la incautación de celulares y el análisis de las comunicaciones que terminaron por destapar una presunta megared delictiva dedicada al direccionamiento de contratos, sobreprecios y pedidos de retornos.

El principal rostro mendocino de este escándalo, y el único que permanece bajo prisión preventiva, es el abogado Facundo Leal, expresidente de ARSAT entre 2022 y 2024, quien hasta enero de este año se desempeñó al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). 

El exfuncionario fue arrestado en su departamento del barrio porteño de Palermo luego de un operativo en el que las fuerzas de seguridad descubrieron una importante fortuna en efectivo y estupefacientes. 

La situación del mendocino se complicó tras el hallazgo de más de 650.000 dólares en su domicilio, acompañados por un cargamento de drogas compuesto por unos 300 gramos de ketamina, cristales de éxtasis, cocaína y más de setenta pastillas de MDMA. 

Pero su situación se complicó aún más en suelo mendocino, donde los allanamientos ordenados en una propiedad vinculada a Leal arrojaron el secuestro de otros 1,7 millones de dólares, alcanzando una cifra que supera los 2,4 millones de dólares en efectivo que, además, contrastan con los bienes informados en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

Asimismo, la estructura de esta organización en la firma estatal de telecomunicaciones tenía como pieza clave a otro mendocino de alto perfil, Gerardo Boschin, exsubgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT y expresidente de la empresa estatal Trenes Argentinos entre mayo de 2025 y enero de este año. 

Boschin se encuentra imputado como el principal articulador encargado de confeccionar los pliegos de las licitaciones y de recibir en mano los fajos de billetes dentro de las propias oficinas de ARSAT.

Su domicilio en un exclusivo country de Nordelta y otras tres propiedades repartidas entre la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza fueron allanadas y se recopiló evidencia sobre su rol de intermediario con los proveedores beneficiados.

Y allí es donde aparece un tercer mendocino, ya que la estructura política y la cobertura dentro del Gobierno Nacional estaban garantizados por la presencia de Luis Pierrini, un reconocido empresario que supo integrar el Consejo Empresario Mendocino antes de asumir como Secretario de Transporte de la Nación. 

Se presume por estas horas que Pierrini habría sido el protector del grupo, impulsando los traslados y nombramientos de los integrantes mendocinos en la cima de puntuales organismos del Estado Nacional. 

Su forzada salida del Gabinete Nacional, sucedida en enero tras fuertes disputas internas con el ministro de Economía Luis Caputo, terminó por realizarse en tándem con la renuncia de Leal, cada uno a sus respectivos cargos.

El expediente, como si fuera poco, suma otros nombres del plano mendocino que completan la colonización del organismo de conectividad y que hoy enfrentarían, según supo Diario Mendoza Today, imputaciones inminentes. 

Entre ellos resalta la figura de Juan Andrés Navarro, exgerente comercial de ARSAT sospechado de negociaciones incompatibles con la función pública por estampar su firma en junio de 2021 en el paper que ordenó la mudanza de los costosos insumos satelitales hacia el depósito donde finalmente se consumó el vaciamiento.

Asimismo, la Justicia posó la lupa sobre Leonardo Comperatore, exministro de Seguridad de la provincia de Mendoza que se desempeñó como jefe de Relaciones Institucionales de ARSAT y titular de Trenes Argentinos Infraestructura, y sobre el abogado mendocino Ramiro Canet, exasesor legal general de la firma satelital de Benavídez que actualmente ejerce como director de Bienes Registrables en el Ministerio de Gobierno de Mendoza, investigado para determinar si validó los dictámenes jurídicos.

Hay otra parte de la “Banda de los Mendocinos” que no proviene de la provincia y que hoy está bajo investigación por presuntamente simular la competencia en licitación a puntuales firmas comerciales.

Se trata de los empresarios bonaerenses Diego Padilla, vicepresidente de la compañía proveedora Argentina Logistic Services, su padre Gastón Walter Padilla, directivo de Transportes Padilla, y Fernando Diego Paredes, presidente de la firma logística. 

Es que los peritajes realizados sobre los teléfonos de los Padilla sacaron a la luz mensajes intercambiados con el mendocino Boschin donde organizaban el armado de ofertas paralelas con empresas vinculadas entre sí y llamaban a “inventar cargas” de transporte para inflar los presupuestos que habrían generado los retornos de dinero.

Como sea, esta es probablemente una de las causas criminal y de corrupción más importante de los últimos tiempos y todo indica que la celeridad con la que avanza la justicia dará resultados y datos nuevos más temprano que tarde.