A pesar de contar con ciertos puntos en común y de haber hecho una alianza para las elecciones del 2025, el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente Javier Milei van en dos carriles opuestos en lo referente a lo meramente electoral.

A pesar de compartir la necesidad de ordenar las cuentas públicas, el Gobierno de Mendoza trazó una línea que marca puntuales límites a los planes de reforma política que se impulsan desde Balcarce 50.

En tal contexto, una de las diferencias más fuertes refiere a la defensa de las elecciones  Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para los cargos provinciales. 

Ello sucede mientras la Casa Rosada realiza gestiones ante el Congreso de la Nación para derogar las primarias a nivel nacional bajo el argumento del gasto público. Mendoza ratificó la vigencia de las PASO locales de cara a las elecciones del 2027. 

Fue el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, quien sostuvo que las PASO son una herramienta indispensable para garantizar la estabilidad y evitar la dispersión de los frentes políticos.

No obstante, sí se analizan cambios y el oficialismo provincial busca introducir modificaciones orientadas a reducir los costos de las primarias como, por ejemplo, la supresión del financiamiento estatal para las agrupaciones que presenten listas de unidad sin competencia interna real.

Es de público conocimiento que las PASO fueron creadas para ordenar las internas partidarias de cara a la sociedad y ello, junto a la utilización de la Boleta Única en Papel en territorio mendocino, entienden desde el Gobierno provincial que otorga un nivel de transparencia y eficiencia que prefiere preservar.

Por otra parte, desde el oficialismo se impulsa la eliminación de las elecciones de medio término, cambiando completamente el panorama electoral de la provincia, siendo que los mendocinos concurrirían de esta forma a las urnas cada cuatro años para elegir autoridades provinciales.

En esta línea, uno de los argumentos que se utiliza para defender la medida refiere a un ahorro de aproximadamente 8 mil millones por cada elección legislativa de medio término que no se termine realizando.

Sin embargo, a pesar de que a nivel provincial se logre modificar parcialmente la Constitución de Mendoza y se unifiquen las elecciones, la persistencia de los comicios de medio término a nivel nacional obligará a la ciudadanía mendocina a continuar votando cada dos años para elegir cargos legislativos en el Congreso de la Nación.

Se trata de una tendencia que movió los cimientos de la política local y que generó repercusiones prácticamente inmediatas en todo el arco opositor entendimiento que en las últimas elecciones municipales de medio término desdobladas, realizadas en el mes de febrero, demostraron una falla en la estrategia de los intendentes de proteger sus distritos.

Es que terminó por exhibir un nivel de ausentismo cercano al 50%, lo que no hizo más que apurar la discusión del proyecto con el fin de prohibir que se separen los actos electorales de las comunas mendocinas.

Hay un tema más, subyacente, en el que pocos entraron y refiere a la razón por la que la provincia prefiere mantener las elecciones PASO y ello tiene que ver, en parte, con la alianza entre el Frente Cambia Mendoza y La Libertad Avanza.

Hay muchas especulaciones con respecto a las elecciones del 2027 y el radicalismo local entiende que debe mantener una línea de presión frente a los referentes alineados con la Casa Rosada que, sin lugar a dudas, intentarán quedarse con una de las provincias más importantes en términos de población.

De esta forma se hace evidente que las tensiones llegarán a la hora de nombrar a los candidatos aspirantes a suceder a Cornejo. La pregunta es: ¿Quién ganará finalmente la pulseada?