El Gobierno de Mendoza publicó este jueves una serie de decretos en los que, a través de la revisión de expedientes electrónicos, informó de medidas que se tomaron contra agentes públicos de la provincia.

Según se desprende de los papers publicados en el Boletín Oficial de Mendoza, se trata de 15 resoluciones, en su mayoría con sanciones de cesantías, aunque también con reordenamientos jubilatorios e investigaciones sobre empleados del Estado.

A continuación, el detalle de cada situación:

Sector Salud

-Jorge Luis Aguilar: sufrió la ratificación de su cesantía tras comprobarse que utilizaba certificados médicos truchos para justificar inasistencias en el Hospital Pediátrico Humberto Notti. 

-Karen Janet González: fue cesanteada en el Hospital Lagomaggiore por la presentación de licencias médicas falsas entre 2021 y 2023. Los profesionales médicos desconocieron las firmas.

-Silvia Adriana Astudillo: se ratificó la cesantía por abandono de servicio en el Hospital Lagomaggiore. La agente no regresó a su puesto de trabajo a partir de octubre de 2022 tras el vencimiento de una licencia extraordinaria sin goce de haberes.

-Ivana Gutiérrez: fue sancionada con la cesantía en el Hospital Diego Paroissien tras acreditarse irregularidades graves en el desempeño de sus funciones

-Alfredo Luis Oviedo: se aplicó la cesantía por inasistencias injustificadas acumuladas dentro del Programa SUMAR+. El agente no se reincorporó a sus tareas habituales al expirar su licencia extraordinaria de un año sin goce de sueldo.

-Josefa Beatriz Conti:se ratificó su cesantía en el Ministerio de Salud y Deportes tras un sumario administrativo por faltas en el servicio. 

-Carlos Adrián Fernández: fue sancionado con la cesantía por ejercer conductas de violencia laboral frente a pares, superiores y subordinados mientras ejercía la Jefatura de la Guardia Pediátrica del Hospital Fleming. 

-Alicia Bastianelli: se ordenó iniciar un juicio de exclusión de tutela sindical en su contra debido a que ejerce como Congresal de AMPROS. El Gobierno provincial busca retirar su protección gremial con el fin de poder intimar a que inicie su trámite de jubilación al constatar que la agente cuenta con 69 años de edad y 44 de aportes.

Seguridad 

-Subcomisario Armando Zanoguera Strachwitz: El Gobierno ordenó la continuidad del sumario administrativo en su contra por supuestamente omitir controles de seguridad y no garantizar zonas seguras para armas de fuego en la Delegación Valle de Uco del IUSP.

-Ex Auxiliar Carolina Natalia Lemos Ponce: sufrió la desestimación. La exagente pretendía revertir un decreto del año 2019 que confirmaba su baja dictada en 2017, determinándose que la vía administrativa se encuentra agotada y que sus discrepancias no habilitan a reabrir discusiones de hace casi una década.

-Oficial Ayudante Andrés Emiliano Aldrighetti Illanes: rechazaron un recurso con el que pretendía su reincorporación, pero se ratificó la vigencia de su sumario por abandono de servicio, al constatarse que dejó de asistir a trabajar injustificadamente.

Instituto Provincial de Juegos y Casinos

–Diego Raúl Lobos: fue sancionado con la exoneración del Instituto Provincial de Juegos y Casinos. El agente fue encontrado in fraganti operando juegos de azar clandestinos como croupier en un domicilio particular.

Producción, Energía e Infancia

-Paula Estefanía Montenegro: se ratificó la rescisión de su vinculación en la Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Se determinó que se desempeñaba bajo un contrato de locación de servicios, por lo que carecía del estatus de empleada pública y de la estabilidad necesaria para exigir una indemnización

–César Manuel Palma Petrizani: sufrió el rechazo un recurso. El agente había sido declarado cesante en el Ministerio de Energía y Ambiente en 2024 y, tras acudir a la vía judicial, pretendía reabrir el debate en sede administrativa.

-Walter Alejandro Galve: recibió una sanción de dos días de suspensión por incumplimiento grave de las metas laborales fijadas por la Dirección de Fiscalización y Control Agroindustrial. Debido a que el agente cuenta con protección gremial como vocal suplente de UPCN, se ordenó a la Asesoría de Gobierno iniciar las acciones legales de exclusión de tutela para poder hacer efectiva la penalización.